El miércoles 4 de diciembre, la Asamblea Nacional de Ecuador se reunirá para discutir un proyecto clave de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que contiene 82 artículos y tiene como objetivo sancionar las prácticas de «camisetazo» entre asambleístas, mejorar el procedimiento de juicios políticos y ajustar aspectos internos del Legislativo. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, convocó a la sesión 986, que también abordará el juicio político a la exministra Andrea Arrobo.
La reforma propone sanciones específicas para aquellos legisladores que cambien de partido o movimiento político, práctica conocida como «trasfuguismo político» o “camisetazo”. Según las modificaciones, los asambleístas que dejen de apoyar a la bancada con la que fueron electos podrían ser suspendidos sin sueldo por hasta 90 días. En este sentido, el artículo 18 de la LOFL sería modificado para establecer como causal de cesación de funciones el abandono de la bancada original. Este cambio busca frenar la rotación de asambleístas entre diferentes grupos políticos, un fenómeno que ha sido común en los últimos periodos, como se ha observado en el movimiento Construye.
La reforma también establece ajustes importantes en el Comité de Ética de la Asamblea. En lugar de los actuales cinco miembros, se propone que esté compuesto por al menos el 5% de los asambleístas, lo que implica un aumento de la representación para asegurar mayor transparencia. En 2025, con 151 asambleístas, se elegirían ocho integrantes para el Comité de Ética.
En el ámbito de los juicios políticos, se plantean ajustes importantes para acelerar los procesos. En particular, se sugiere que los plazos para el juicio a un presidente o vicepresidente de la República se reduzcan de cinco a tres días para recibir las ternas médicas que evalúen la incapacidad del mandatario. Además, las reformas proponen que un juicio no pueda ser retirado si la Corte Constitucional ya ha emitido un dictamen favorable sobre su admisibilidad, evitando la suspensión del procedimiento debido a cambios en la intención de los asambleístas.
Otro punto relevante es la suspensión de plazos en juicios políticos. En el caso de un cambio de periodo legislativo o la pérdida de calidad de asambleísta de quien solicita el juicio, se suspenderían los plazos hasta que se forme una nueva Comisión de Fiscalización. Este ajuste tiene como objetivo asegurar que los juicios se desarrollen sin interrupciones, incluso cuando se den cambios dentro de la Asamblea.
Estas reformas, que incluyen las modificaciones a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), son parte de un esfuerzo por mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema legislativo en Ecuador. El proyecto también contempla sanciones más estrictas para funcionarios públicos que no entreguen la información solicitada en procesos judiciales, reforzando la obligación de los servidores del Estado de colaborar en investigaciones.
El debate sobre estas reformas refleja un contexto de creciente desconfianza en el sistema legislativo y judicial ecuatoriano, marcada por escándalos de corrupción en varias instituciones del país. Si bien algunos de estos cambios ya fueron aprobados en primera instancia, todavía se espera un intenso debate durante el segundo debate del proyecto de reforma.
El nuevo enfoque en los juicios políticos busca no solo acelerar el proceso, sino también asegurar que los asambleístas y autoridades del país rindan cuentas por sus acciones, con medidas más estrictas contra el trasfuguismo político y la falta de apoyo a los partidos por los que fueron electos. Las reformas buscan fortalecer el sistema democrático y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
