En una sentencia histórica, 20 de los 21 procesados en el caso Metástasis fueron hallados culpables de delincuencia organizada, lo que marca un hito en la lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial de Ecuador. El caso, que involucra a jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios judiciales, destapó una estructura criminal que operaba en el sector público y privado, corrompiendo a altos funcionarios para obtener fallos judiciales favorables a narcotraficantes, como Leandro Norero.
La jueza Mercedes Caicedo, responsable de la resolución, subrayó que la condena a estos individuos refleja la infiltración del narcotráfico en el sistema judicial. Según la sentencia, el tribunal encontró pruebas de un esquema de delincuencia organizada que se extendió más allá de los tribunales, involucrando a policías, agentes penitenciarios, guías penitenciarios y abogados, entre otros. Esta red criminal, que operaba desde el poder judicial, buscaba influir en las decisiones legales, garantizando beneficios para los involucrados en actividades ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de influencias.
La resolución también resalta la importancia de evitar que estructuras criminales sigan contaminando las instituciones públicas y privadas. Los jueces que dictaron la sentencia, Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, han insistido en la necesidad de depurar el sistema judicial para que sea un referente de transparencia. Según lo manifestado por Caicedo, esta sentencia busca «extirpar de raíz cualquier metástasis criminal» dentro de la Función Judicial, con el objetivo de restaurar la confianza del pueblo ecuatoriano.
El juicio de Metástasis tardó más de once meses, tiempo durante el cual el país fue testigo de la detención de figuras clave como Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Los procesados enfrentan penas de hasta 9 años de prisión, dependiendo de su grado de implicación como líderes o cómplices de la red criminal.
El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, consideró que la sentencia es una lección importante para el sistema de justicia del país. Asegura que este caso revela la necesidad de reformas profundas, no solo en la infraestructura física y tecnológica, sino también en la estructura normativa y en el monitoreo constante de la actividad patrimonial y financiera de los jueces. Estas reformas, según Godoy, son cruciales para recuperar la confianza ciudadana en la justicia.
Por su parte, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, destacó que este caso emblemático, junto con otros procesos como Purga y Plaga, demuestra que la justicia puede autodepurarse. Aseguró que el tribunal no tuvo miedo de condenar a figuras dentro de la Función Judicial, lo que refuerza la idea de que la justicia puede actuar de manera imparcial, incluso contra los propios operadores del sistema.
Sin embargo, los expertos señalan que para que este caso no se quede en una anécdota, deben tomarse medidas de fondo. El penalista Pablo Encalada propuso reformas constitucionales que reestructuren el poder judicial, eliminando la actual estructura bicéfala y devolviendo la autoridad a la Corte Nacional de Justicia. Además, sugirió que el presidente de la Corte Nacional debe ser la principal autoridad judicial del país, lo que garantizaría la independencia de la Función Judicial.
El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Germán Rodas, también subrayó la gravedad del caso, señalando que ha quedado demostrado que los delincuentes de cuello blanco, ligados al narcotráfico, han logrado infiltrar el sistema judicial mediante sobornos y tráfico de influencias. Rodas también aboga por reformas más allá de la Función Judicial, sugiriendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debe ser objeto de revisión, ya que es responsable de designar a los principales cargos judiciales.
Los expertos coinciden en que es necesario implementar reformas institucionales profundas para restaurar la confianza en el sistema judicial. Para ello, proponen un control más riguroso de los funcionarios judiciales, concursos transparentes para elegir jueces y una contraloría social activa que permita denunciar actos ilícitos de manera efectiva.
