La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, enfrenta una situación compleja debido a su suspensión del cargo por 150 días y sin sueldo, tras un dictamen del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, Abad ha presentado un recurso de acción de protección contra esta sanción, acusándola de inconstitucional. Este proceso judicial se está llevando a cabo tras la audiencia del 29 de noviembre en Quito, donde la vicepresidenta cuestionó la veracidad de las acusaciones y criticó al gobierno actual por lo que consideró mentiras y manipulación política.
En su intervención, Abad destacó que, si llega a asumir la Presidencia de la República durante la campaña de 2025, tiene en mente una serie de reformas económicas y políticas para enfrentar los retos que atraviesa el país. Una de sus propuestas más relevantes es la posible reducción del IVA, señalando que si los ecuatorianos consideran que la actual carga impositiva es beneficiosa, estaría dispuesta a mantenerla. Sin embargo, aclaró que la medida no fue planteada durante la campaña electoral y que, en su lugar, buscaría soluciones que no perjudiquen a los sectores más vulnerables.
Otra de sus propuestas es la reactivación de los subsidios a los combustibles, que podrían aliviar la carga económica de los ciudadanos. Además, Abad se mostró crítica con la gestión de los actuales ministros, indicando que aquellos que hayan trabajado adecuadamente para el pueblo ecuatoriano podrían continuar en sus puestos, pero advirtiendo que, en su opinión, muchos ministros no han estado a la altura de las expectativas.
En cuanto a la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Rafael Correa o al exvicepresidente Jorge Glas, Abad fue tajante, asegurando que no contempla esa opción. Explicó que tal medida no fue parte de su propuesta política ni un tema de su campaña electoral, y recalcó que no tiene razones para acercarse al correísmo, ya que respeta la democracia y las diferentes posturas políticas dentro del país.
Sobre las acusaciones contra su hijo, Francisco B., en el llamado Caso Nene, Verónica Abad defendió la inocencia de su familia. Aseguró que las denuncias sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales eran falsas, aclarando que nunca se ha comprobado la existencia de las cuentas mencionadas. Abad insistió en que estas acusaciones no son más que un intento por desprestigiarla y evitar su ascenso a la Presidencia, con el objetivo de desestabilizar su posible candidatura para 2025.
Abad también expresó su preocupación por el curso de la audiencia judicial que está en curso, señalando que si la jueza no actúa conforme a derecho, el país estaría frente a un «Estado fallido». A la espera de la continuación de la audiencia el 9 de diciembre, la vicepresidenta reiteró su compromiso con la verdad y la justicia, al mismo tiempo que subrayó el clima de presión política en el que se encuentra.
