El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente con el que busca frenar la economía criminal que alimenta a las organizaciones armadas del país. Sin embargo, la propuesta, titulada Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, no detalla cifras sobre cuánto dinero generan ni dónde se infiltran estas estructuras ilegales en la economía formal.
Este vacío de información impide tener una idea clara sobre la magnitud del fenómeno económico que sostiene al crimen organizado en Ecuador, pese a que su impacto es evidente en sectores como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el lavado de activos.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El documento fue remitido al Legislativo el sábado 17 de mayo de 2025 y tiene carácter de urgente en materia económica, lo que obliga a la Asamblea Nacional a debatirlo y votarlo en un plazo máximo de 30 días. En caso contrario, entrará en vigencia automáticamente por ministerio de la ley.
La propuesta del Ejecutivo tiene como objetivo central interrumpir los flujos de dinero ilícito que permiten la operación y expansión de los grupos delictivos que actúan bajo estructuras armadas organizadas. Según la Presidencia, el plan busca desmantelar mecanismos como la extorsión sistemática, el lavado de activos, el uso de empresas fachada, la apropiación territorial mediante violencia, y otras formas de financiamiento criminal.
“El proyecto está diseñado para producir efectos económicos, atacando las fuentes de financiamiento, redes de operación financiera, extorsión y mecanismos de captura territorial”, señala el Ejecutivo.
Falta de datos y preguntas clave
Uno de los puntos críticos del proyecto es que no presenta estimaciones oficiales sobre cuánto dinero circula actualmente en estas redes ilegales. Tampoco identifica sectores específicos en los que este dinero es blanqueado, lo que limita la capacidad del Legislativo y de la ciudadanía para fiscalizar el alcance real de la economía criminal.
Especialistas en seguridad han señalado anteriormente que la economía ilícita en Ecuador podría mover cifras cercanas al 10% del PIB, pero sin un diagnóstico oficial, cualquier cifra sigue siendo una estimación. La falta de transparencia en estos datos complica el diseño de políticas públicas efectivas.
La Asamblea estrena periodo con desafío clave
El tratamiento de esta ley marcará el inicio del periodo legislativo 2025-2029. Para muchos analistas, se trata de una prueba clave para medir el compromiso del nuevo Parlamento con la lucha contra el crimen organizado y su influencia en la economía.
Aunque el gobierno ha justificado la urgencia del proyecto como parte de su estrategia para enfrentar el “conflicto armado interno” declarado en enero de 2024, voces críticas advierten que una legislación sin datos precisos podría terminar siendo ineficaz o mal dirigida.
En este contexto, se espera que durante el debate legislativo se exija mayor claridad sobre los montos que mueve el crimen organizado, sus canales de operación financiera y los sectores económicos que están siendo infiltrados.
