En una intervención realizada el jueves 12 de junio, durante una sesión de la Comisión de Niñez y Adolescencia, la legisladora Paola Cabezas, representante de la bancada Revolución Ciudadana, hizo un enfático llamado a no dejar fuera del debate legislativo a los actores especializados en temas de infancia y adolescencia. La solicitud se centra en que esta comisión participe activamente en la discusión de las reformas penales propuestas para menores infractores.
Cabezas planteó que la Comisión de Niñez solicite formalmente una audiencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, encargada del tratamiento del proyecto de ley económica urgente que, de manera inusual, incorpora cambios relacionados con el régimen penal juvenil.
«Estamos hablando de temas que requieren una mirada estructural y profundamente humana. Nadie está hablando de rehabilitación social, y eso es muy preocupante», afirmó la asambleísta durante su intervención. En su criterio, las modificaciones legales no deberían centrarse únicamente en el castigo, sino en la posibilidad real de reintegración social de los adolescentes en conflicto con la ley.
La propuesta de reformas proviene de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y ha generado inquietud por el enfoque que da a los menores infractores en un contexto de creciente inseguridad. No obstante, Cabezas recalcó que no se puede legislar desde el miedo ni sacrificar principios garantistas en un intento por endurecer la política criminal.
La legisladora también enfatizó que los temas de infancia y adolescencia no pueden ser tratados como anexos o elementos secundarios dentro de una ley económica. «No se puede invisibilizar a los adolescentes en conflicto con la ley penal en nombre de la urgencia económica», sostuvo.
El debate en torno a estas reformas penales ha cobrado relevancia en medio del incremento de delitos cometidos por menores de edad, una tendencia que ha alarmado tanto a la ciudadanía como a diversos sectores políticos. Sin embargo, distintos organismos de derechos humanos y expertos en justicia juvenil han advertido que el enfoque punitivo por sí solo puede resultar contraproducente si no va acompañado de políticas de prevención, educación y reinserción.
Cabezas concluyó su intervención instando a una discusión seria, multidisciplinaria y técnicamente informada, con el objetivo de construir un marco legal que realmente responda a las necesidades del país sin vulnerar los derechos de los adolescentes.
