La denuncia presentada por el dirigente indígena y excandidato presidencial, Leonidas Iza Salazar, contra la empresa Estratega por una supuesta infracción electoral, avanza en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y ya tiene fecha para la audiencia pública de presentación de pruebas. La jueza Ivonne Coloma Peralta, encargada del caso, ha convocado a las partes involucradas para el próximo 28 de abril a las 10:00.
La acción legal se centra en la difusión de un exit poll realizado por Estratega durante la primera vuelta electoral del 9 de febrero de 2025, cuyos resultados preliminares favorecieron al actual presidente, Daniel Noboa. Según la acusación de Iza, esta encuesta habría influido indebidamente en la percepción del electorado y violado la normativa del silencio electoral.
Iza sostiene que la publicación del sondeo, que fue difundido incluso antes del cierre de las urnas, pudo haber tenido un impacto significativo en el comportamiento de los votantes. “No se puede permitir que se manipule la voluntad popular con encuestas direccionadas”, ha declarado públicamente el también presidente de la CONAIE.
La denuncia se dirige específicamente contra Diego Tello, representante legal de Estratega, a quien se acusa de actuar en contravención del Código de la Democracia. De acuerdo con el reglamento electoral ecuatoriano, está prohibida la difusión de encuestas o sondeos durante el día de votación, ya que podría alterar la neutralidad del proceso.
El Tribunal Contencioso Electoral evaluará si existieron o no elementos suficientes para considerar que se incurrió en una infracción. En la audiencia se escucharán las pruebas de cargo y descargo, lo que incluye documentación técnica, peritajes y testimonios tanto de la parte acusadora como de la defensa.
Esta no es la primera vez que encuestas de opinión causan controversia en elecciones ecuatorianas. Sin embargo, el caso actual llama la atención por involucrar a una figura de alta exposición política como Iza y por poner en entredicho la credibilidad de las encuestadoras en un contexto político especialmente polarizado.
De hallarse culpable, el directivo de Estratega podría enfrentar sanciones económicas y restricciones legales para participar en futuros procesos electorales. Por su parte, la defensa ha sostenido que la publicación del sondeo se realizó cumpliendo todos los parámetros legales y que no hubo intención de beneficiar a ningún candidato.
El desarrollo del juicio se da en un momento clave para la democracia ecuatoriana, donde la transparencia electoral y el respeto al marco legal son temas centrales. El TCE deberá deliberar con base en las evidencias presentadas el 28 de abril y dictar una resolución que podría marcar un precedente en la regulación de la difusión de encuestas electorales en el país.
