El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, el 30 de marzo de 2025, archivó el juicio político en contra de Nicole Bonifaz, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y tres exconsejeros involucrados en el caso Liga2, gracias al voto dirimente de la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Este proceso se dio tras un pedido planteado por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que buscaba enjuiciar a Bonifaz y los exconsejeros por su presunta vinculación en un delito de asociación ilícita.
La decisión del CAL se basó en un informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que evaluó si la solicitud del juicio político cumplía con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El informe indicó que la solicitud presentada solo contaba con 32 firmas de los legisladores, en lugar de las 35 necesarias, ya que tres de las firmas no pudieron ser verificadas de acuerdo con los procedimientos establecidos. Como resultado, la UTL recomendó no aprobar el juicio político.
El voto de Viviana Veloz y la decisión final del CAL
La presidenta del CAL, Viviana Veloz, tuvo un papel clave en el resultado de la sesión. Su voto dirimente, que se emite cuando hay un empate en la votación, fue decisivo para archivar el juicio político. En este caso, el Consejo no logró alcanzar los votos necesarios para continuar con el proceso, y la presidenta de la Asamblea decidió que el pedido de enjuiciamiento no debía pasar a la siguiente etapa.
La bancada de ADN, que había impulsado la solicitud, había pedido la destitución de Nicole Bonifaz y los exconsejeros por su presunta participación en el caso Liga2, una investigación en curso relacionada con un presunto delito de asociación ilícita. Sin embargo, la falta de las firmas requeridas y el informe de la UTL impidieron que el juicio político avanzara.
Reacciones ante la decisión
El archivo del juicio político ha generado diversas reacciones en el ámbito político, especialmente dentro de la bancada de ADN. Los miembros de esta agrupación han expresado su descontento con la decisión del CAL y, en particular, con el papel desempeñado por Viviana Veloz. Argumentan que el enjuiciamiento a Bonifaz y los exconsejeros es fundamental para la transparencia del CPCCS y para asegurar que los responsables de actos irregulares rindan cuentas ante la justicia.
Por otro lado, desde el correísmo se ha defendido la decisión tomada por el CAL, indicando que el archivo del juicio político está basado en razones legales y procedimentales, y no en una postura política. Los legisladores cercanos a Viviana Veloz han reiterado que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara en cuanto a los requisitos necesarios para presentar una solicitud de juicio político, y que en este caso no se cumplió con el número adecuado de firmas verificables.
El contexto del caso Liga2 y las implicaciones políticas
El caso Liga2 es uno de los temas que ha generado más controversia en la política ecuatoriana en los últimos meses, especialmente por las implicaciones legales y políticas que podría tener para los involucrados. El proceso de investigación está siendo llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado, que está analizando la posible existencia de un delito de asociación ilícita relacionado con irregularidades en la gestión de la LigaPro.
La petición de juicio político a Bonifaz y los exconsejeros del CPCCS se enmarca en un contexto de creciente polarización política, donde tanto el oficialismo como la oposición buscan marcar sus posiciones frente a casos de corrupción y supuestas irregularidades en las instituciones del país.
La importancia de la normativa y los procedimientos en la Asamblea Nacional
El archivo de este juicio político resalta la importancia de los procedimientos y la normativa interna de la Asamblea Nacional en el manejo de los casos que llegan al CAL. A pesar de la relevancia política del caso, la decisión final fue tomada con base en un informe técnico que destacó la falta de los requisitos formales para proceder con el enjuiciamiento.
Este hecho pone en evidencia, una vez más, cómo las decisiones en el ámbito legislativo pueden depender de detalles procedimentales que afectan el curso de los procesos políticos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece reglas claras para garantizar que los procedimientos sean transparentes y justos, pero también limita las posibilidades de actuación en casos que no cumplan con dichos requisitos.
