El exministro de Gobierno y académico José de la Gasca aseguró que la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Daniel Noboa no ha sido concebida como un proceso de plenos poderes, sino como un mecanismo ciudadano para repensar el Estado. En entrevista con EL UNIVERSO, De la Gasca sostuvo que el objetivo principal es modernizar la estructura institucional del país y dotarla de herramientas que permitan responder a los desafíos actuales, especialmente en materia de seguridad y gobernabilidad.
“Lo primero es agradecer la consideración del presidente. Hemos conversado desde hace tiempo sobre la necesidad de cambios profundos. El país debe liberarse de ciertos problemas que la Constitución de 2008 ha encadenado”, afirmó De la Gasca, quien figura como uno de los posibles precandidatos a la Constituyente en caso de que el “sí” gane en la consulta popular del 16 de noviembre.
Según el exministro, el rediseño del Estado es esencial para garantizar que el resto de las instituciones puedan funcionar. “Necesitamos devolverle el valor al Estado de derecho, fortalecer la república y recuperar los pesos y contrapesos. No se trata de cambiar de Constitución cada cinco minutos, sino de ajustar las leyes según las circunstancias”, explicó.
De la Gasca considera que una nueva Constitución debe ser breve y funcional, con alrededor de 180 artículos o menos. A su criterio, la carta magna no debe ser “un catálogo de derechos ni una lista para Papá Noel”, sino un marco adaptable a las necesidades de la sociedad. “Hoy no podemos implementar una política criminal distinta a la del garantismo penal porque la Constitución actual lo impide. Si el país necesita mano firme contra el crimen, la ley no debe obstaculizarlo”, expresó.
El catedrático también subrayó la necesidad de limitar el rol del Estado en la economía y abrir espacios a la cooperación internacional. “Debemos permitir acuerdos efectivos contra el narcotráfico y el crimen organizado, incluso con apoyo de bases extranjeras o mayor participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna”, señaló.
Respecto a las instituciones de control, De la Gasca fue enfático: “El Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Ese ‘quinto poder’ no tiene sentido. La designación de autoridades debe pasar por acuerdos democráticos y transparentes”. En cuanto al Consejo de la Judicatura, considera que debe ser rediseñado, manteniendo la administración de la Función Judicial, pero sin un poder disciplinario excesivo sobre los jueces.
En relación con la Corte Constitucional, De la Gasca coincide parcialmente con Noboa en que podría integrarse como una sala dentro de la Corte Nacional de Justicia. “Todo depende del modelo de democracia que definamos. Si reducimos sus competencias, debe seguir garantizando la supremacía de la Constitución y las acciones de inconstitucionalidad”, aclaró.
Consultado sobre la inestabilidad constitucional del Ecuador, con más de 20 cartas magnas en su historia, De la Gasca atribuyó el problema a que “las constituciones reflejan intereses políticos y no sociales”. Por eso, propone que la nueva carta se base en consensos mínimos y en la participación directa de la ciudadanía.
Finalmente, rechazó la idea de que la nueva Constituyente busque replicar el modelo de 2007. “La Corte Constitucional ya estableció límites claros. No será una asamblea de plenos poderes ni podrá legislar o administrar justicia. Al final, será el pueblo ecuatoriano quien tenga el voto de cierre para ratificar o no la nueva Constitución”, concluyó.
