El próximo 16 de noviembre, más de 13,9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir si aprueban o rechazan las cuatro preguntas propuestas en la consulta popular y referéndum, impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Tres de ellas apuntan a reformas constitucionales, mientras que la cuarta propone la instalación de una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución para el país.
La última Carta Magna del Ecuador fue aprobada hace 17 años, en 2008, durante la Asamblea de Montecristi, en la provincia de Manabí. En esta ocasión, Noboa sostiene que existe una “imperiosa necesidad de acudir al poder constituyente” como un mecanismo para “refundar el Estado ecuatoriano”.
La pregunta sobre la Asamblea Constituyente
La pregunta D de la consulta se formula de la siguiente manera:
“¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los ecuatorianos en referéndum?”.
Este punto, de aprobarse, daría paso a la elección de 80 asambleístas constituyentes, quienes serían los responsables de redactar la nueva Carta Magna.
Distribución de los asambleístas
El anexo D del cuestionario especifica cómo se distribuirían los 80 representantes:
- 24 asambleístas nacionales,
- 6 por circunscripciones del exterior (2 por Europa, Oceanía y Asia; 2 por EE. UU. y Canadá; y 2 por Latinoamérica, el Caribe y África),
- 50 provinciales.
De los 50 provinciales, cada provincia tendría un representante directo. Los 26 restantes se asignarían con base en la población, según el último censo nacional. Por cada 471.000 habitantes, se suma un asambleísta adicional.
Bajo este cálculo, once provincias obtendrían representación adicional. Guayas lideraría con nueve asambleístas, seguida de Pichincha con seis, Manabí con tres, mientras que Los Ríos, Azuay, El Oro, Tungurahua, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja y Chimborazo contarían con uno cada una.
Esta distribución convierte a Guayas y Pichincha en las provincias con mayor poder de decisión dentro de la posible Asamblea Constituyente.
Opiniones y análisis político
El analista político Cristian Carpio advierte que este esquema “limita la representación geográfica” y otorga “mayor peso político a las provincias más pobladas”.
“Las provincias con mayor número de habitantes tendrán más representantes frente a las menos pobladas. Bajo ese precepto, podría generarse un desequilibrio político si los asambleístas responden a una sola corriente partidista”, afirmó Carpio.
Sin embargo, el experto también matiza que una Asamblea Constituyente difiere de la Asamblea Nacional, pues su misión es “redactar una constitución con visión nacional, más allá de los intereses provinciales o partidistas”.
Duración y mesas de trabajo
En caso de aprobarse, la Asamblea Constituyente tendrá una duración inicial de 180 días, prorrogables por 60 días adicionales mediante resolución aprobada por las dos terceras partes de sus miembros.
Los 80 asambleístas constituyentes se organizarán en ocho mesas temáticas, cada una conformada por diez integrantes:
- Derechos y Garantías Fundamentales,
- Organización y Funciones del Estado,
- Régimen Económico y Finanzas Públicas,
- Justicia y Sistema Judicial,
- Participación Ciudadana y Control Social,
- Régimen Territorial y Descentralización,
- Naturaleza y Ambiente,
- Régimen de Desarrollo e Inclusión Social.
El debate sobre la posible nueva Constitución revive la discusión sobre los procesos de 1979, 1998 y 2008, que marcaron diferentes etapas políticas del país. Ahora, la ciudadanía decidirá si abre la puerta a un nuevo capítulo constitucional bajo el liderazgo de Daniel Noboa.
