El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado un paso decisivo hacia su objetivo de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, tres décadas después de la que en 1991 transformó el orden político del país. Este jueves, el mandatario presentó un borrador de proyecto de ley que busca establecer las bases para reformar la actual Constitución de 1991, en un movimiento que ha reavivado intensos debates sobre la legitimidad y alcance de un proceso constituyente.
El proyecto, respaldado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, propone la creación de una Asamblea compuesta por 71 delegados, quienes serían los encargados de discutir las “transformaciones sociales” que, según el Gobierno, han sido bloqueadas por el Congreso.
Montealegre defendió la iniciativa como una vía pacífica para alcanzar un nuevo pacto nacional. “A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país”, afirmó el ministro. Enfatizó que esta constituyente “será el espacio para impulsar todo el programa social que la caverna no ha dejado desarrollar al primer Gobierno de izquierda en la historia de Colombia”.
El funcionario aclaró, además, que el proceso no implicará la disolución del Congreso ni afectará los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano. “No se retrocederá en los compromisos previos en materia de derechos humanos ni en el principio de no regresividad en derechos sociales”, aseguró Montealegre, buscando disipar temores sobre una posible ruptura institucional.
Un eco de 1991
El anuncio remite inevitablemente a la Asamblea Constituyente de 1991, un hito político que reemplazó la Constitución de 1886 y que surgió como respuesta a una crisis de representación y violencia que atravesaba el país en ese entonces. Aquella carta magna fue concebida como un pacto de renovación democrática, orientado a ampliar la participación política, garantizar los derechos fundamentales y limitar el poder del Ejecutivo.
Entre sus logros más notables destacan la creación de la Corte Constitucional, el reconocimiento de Colombia como un Estado social de derecho, la consagración de los derechos fundamentales y colectivos, y la promoción de la participación ciudadana a través de mecanismos como el referendo y la iniciativa popular. Además, consolidó el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, convirtiéndose en una de las reformas más progresistas de la región en su momento.
Debate sobre legitimidad y contexto actual
Treinta y tres años después, la propuesta de Petro genera opiniones encontradas. Sus partidarios consideran que una nueva Constituyente permitiría profundizar las transformaciones sociales y políticas que aún están pendientes, especialmente en temas como la reforma agraria, la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza.
Sin embargo, sus críticos advierten sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente en un momento de polarización política y desconfianza institucional. Para algunos analistas, el verdadero desafío radica en asegurar que la convocatoria no derive en un instrumento de poder, sino en un espacio plural que garantice la participación de todos los sectores sociales.
Mientras tanto, el país observa expectante el desarrollo del debate legislativo que definirá si el proyecto logra el respaldo necesario para avanzar. De concretarse, esta sería la segunda Asamblea Constituyente en la historia reciente de Colombia, marcando un nuevo capítulo en la búsqueda de un modelo político más inclusivo y equitativo.
