Un grupo de reconocidos juristas ecuatorianos, entre ellos exministros de Estado, exlegisladores y docentes universitarios, ha emitido un manifiesto en el que expresan su respaldo a la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución para el país.
El documento, presentado públicamente esta semana, subraya que la decisión de crear una nueva carta magna “es una responsabilidad colectiva que compete a todos los ecuatorianos”. Según los firmantes, el llamado a una asamblea constituyente representa “una oportunidad histórica para realizar transformaciones profundas en la estructura institucional del Estado, repensar su funcionamiento, evaluar con rigor sus mecanismos y aplicar los correctivos necesarios”.
“Los ecuatorianos tenemos ante nosotros el desafío de transformar, fortalecer y proyectar al país hacia el futuro”, señala el comunicado, que plantea la necesidad de un nuevo marco jurídico adaptado a los retos sociales, económicos y políticos del siglo XXI.
Sin embargo, los juristas advierten que la futura Constitución “no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno”, sino que debe nacer de “un pacto social construido con responsabilidad, desde la pluralidad y con la ciudadanía en el centro”. En este sentido, subrayan que el nuevo texto debe reflejar “mínimos compartidos” y surgir de un verdadero consenso nacional.
Los autores del manifiesto también delinean los principios que debería tener la nueva carta magna. “Lo que da valor a una Constitución no es su tamaño, sino su capacidad de proteger, transformar y funcionar”, indican. Según el documento, la norma suprema debe ser “clara, concreta y exigible”, proteger a quienes actúan con responsabilidad, respaldar al ciudadano que trabaja, estudia y emprende, y sancionar con firmeza a quienes corrompen o destruyen.
“Necesitamos una Constitución justa con los vulnerables y fuerte contra las amenazas”, recalcan los firmantes, quienes consideran que en un contexto de crisis, inseguridad y fragmentación institucional, lo que está en juego “no es una coyuntura, sino la capacidad del Estado para responder con eficacia y legitimidad”.
El manifiesto subraya que el Estado de derecho, la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible, la gobernabilidad, la justicia y la estabilidad institucional deben ser pilares de una nueva etapa para el Ecuador. “El fortalecimiento de la economía, la protección de los derechos y el cuidado de la naturaleza nos convocan a todos en un solo frente”, enfatizan.
Entre los firmantes figuran José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa; Ricardo Noboa, exministro de Industrias de León Febres-Cordero y exconstituyente de Sangolquí; Héctor Yépez, exlegislador; y Mario Cuvi, exviceministro de Gobierno durante la administración de Guillermo Lasso.
También apoyan la iniciativa destacados académicos como Verónica Hernández, Carlos de Tomaso, Ismael Quintana, Pablo Santillán, Daniel Kuri, Xavier Palacios, Óscar del Brutto, Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, Gonzalo Noboa, Francia Drouet, Miguel Costaín, Miguel Hernández, Rafael Oyarte, Emiliano Donoso, Roberto Andrade, Carlos Luis Sánchez, Anabel Abarca y Nadia Villón.
La propuesta marca un hito en el debate nacional sobre la necesidad de redefinir el contrato social ecuatoriano, con una Constitución que surja del consenso ciudadano y garantice una base sólida para el desarrollo democrático del país.
