Río de Janeiro enfrentó esta semana la operación policial más mortífera de su historia reciente, con un saldo de 132 muertos, incluidos cuatro agentes, según informó este miércoles la Defensoría Pública regional a EFE. La intervención, lanzada el martes, buscaba desarticular al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
Familiares de las víctimas se encontraron con una escena desgarradora: los cadáveres, todos hombres, yacían uno al lado del otro en el suelo de una plaza en la favela de la Penha, mientras los vecinos presenciaban la dramática situación. La Defensoría Pública, responsable de brindar asistencia legal gratuita, acompañó desde la madrugada las búsquedas y estuvo presente en los institutos forenses donde se realizaba la identificación de los cuerpos.
En un comunicado, la institución señaló que recopiló testimonios de familiares y residentes para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”. Este hecho ha generado un intenso debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades en operaciones contra el crimen organizado.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, reconoció durante una rueda de prensa que la cifra de fallecidos confirmada hasta ahora es de 58, aunque adelantó que el número podría aumentar conforme avance la identificación de los cuerpos.
La operación tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de captura contra miembros del Comando Vermelho en las favelas de la Penha y del Alemão. Más de 2.500 agentes participaron en los operativos, apoyados por vehículos blindados. Según el Gobierno regional, fueron arrestados 81 sospechosos y se incautaron 93 fusiles y alrededor de media tonelada de drogas.
Los enfrentamientos provocaron bloqueos en varias calles del norte de Río, afectando al transporte público y obligando a cerrar escuelas y centros de salud. Un centenar de líneas de autobuses suspendieron sus servicios y numerosos comercios permanecieron cerrados al día siguiente. Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos, aunque muchas escuelas y negocios en las zonas afectadas continúan cerrados.
El operativo ha generado una profunda indignación entre los habitantes de las favelas, quienes denuncian que la violencia policial ha alcanzado niveles inéditos y que la comunidad requiere medidas institucionales urgentes para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
