La Fiscalía General del Estado de Ecuador desplegó este lunes 28 de julio un operativo nacional denominado “Apagón”, centrado en la investigación de presuntas irregularidades relacionadas con contratos en proyectos de generación eléctrica. La acción incluyó 12 allanamientos simultáneos en distintas provincias, con el apoyo de unidades tácticas de la Policía Nacional.
Los operativos se ejecutaron desde las primeras horas de la madrugada y se enfocaron en recabar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes que permitan esclarecer posibles delitos relacionados con la contratación pública en el sector energético.
“Este caso responde a denuncias recibidas sobre anomalías contractuales en obras estratégicas de energía”, indicó la Fiscalía en un comunicado oficial.
Contratos bajo sospecha en el sector eléctrico
El caso “Apagón” está vinculado a procesos de contratación que habrían comprometido recursos millonarios del Estado. Aunque no se han revelado públicamente los nombres de los funcionarios investigados, fuentes judiciales confirmaron que se trata de contratos suscritos entre 2020 y 2023, en el marco de proyectos para generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.
Las primeras líneas de investigación apuntan a posibles actos de corrupción, tráfico de influencias y sobreprecios en la adjudicación de obras, lo cual habría afectado no solo el presupuesto estatal, sino también la continuidad y calidad del servicio eléctrico en determinadas regiones.
Evidencia incautada y próximos pasos
Durante los 12 allanamientos, los fiscales a cargo incautaron computadoras, dispositivos móviles, documentos físicos y digitales, además de informes técnicos. Todo este material será sometido a análisis forense y formará parte del expediente en proceso.
“Estamos comprometidos con el combate a la corrupción en todos los niveles del sector público”, señaló la fiscal del caso.
Aunque aún no se han dictado órdenes de detención, no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas. La Fiscalía trabaja en conjunto con la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para determinar responsabilidades penales y administrativas.
Un caso que podría escalar
El caso “Apagón” se suma a una serie de investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en sectores estratégicos. El impacto del caso podría tener repercusiones en empresas públicas del ramo energético y en altos exfuncionarios de gobiernos anteriores.
Expertos legales indican que si se comprueban los hechos denunciados, los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 13 años de prisión, dependiendo del tipo de delito y su grado de participación.
