La defensa del exvicepresidente Jorge Glas Espinel asegura que las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado en su contra, en el marco del caso Reconstrucción de Manabí, carecen de sustento legal y están basadas en hechos falsos que distorsionan la verdad del proceso.
Durante la segunda jornada de la audiencia preparatoria de juicio, que se lleva a cabo en Guayaquil, el abogado defensor Andrés Villegas afirmó que los señalamientos contra su cliente son “falacias grotescas que insultan el entendimiento” de quienes han seguido el proceso judicial. Glas, quien permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca, cumple una orden de prisión preventiva, además de una pena unificada de ocho años por sentencias anteriores.
Villegas sostuvo que la imputación de peculado no solo es infundada, sino que tergiversa el rol que Glas desempeñó como presidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo tras el devastador terremoto de abril de 2016, que golpeó con fuerza a las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Además de Glas, entre los procesados en este caso están Carlos Bernal, exsecretario del Comité; Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP); y otras seis personas más. Según la Fiscalía, los acusados habrían direccionado recursos públicos obtenidos mediante la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana hacia proyectos que no respondían a las prioridades reales de reconstrucción y atención emergente.
El dictamen fiscal sostiene que las decisiones del Comité favorecieron obras que no se alineaban con el objetivo inmediato de atender a la población afectada, lo cual constituiría un uso indebido de fondos públicos. Sin embargo, Villegas insistió en que las decisiones tomadas en el Comité estaban dentro del marco legal vigente y que no existe prueba concluyente que relacione a su cliente con manejos dolosos de los recursos asignados.
“Jorge Glas no firmó contratos ni dispuso directamente de fondos. Su papel fue de coordinación y supervisión general, conforme al mandato legal”, argumentó el abogado.
La audiencia preparatoria de juicio continúa con la intervención de las defensas del resto de procesados. Mientras tanto, el caso sigue generando debate público, al tratarse de uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a la gestión postdesastre del sismo de 2016, que dejó más de 670 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas.
