La Asamblea Nacional de Ecuador, presidida desde el 14 de mayo por Niels Olsen, inicia su período legislativo con una estructura institucional que cuenta con un total de 1.223 funcionarios activos. Este equipo está conformado por asesores, técnicos, asistentes legislativos, secretarios, prosecretarios y personal de apoyo asignado a los 151 asambleístas que integran el órgano legislativo.
Aunque el volumen total de personal es amplio, menos de 100 funcionarios tienen nombramientos permanentes dentro de la institución. El resto se distribuye entre personal de libre remoción, trabajadores bajo contratos administrativos y asesores legislativos contratados directamente por los parlamentarios.
La asambleísta Nathaly Morillo, del bloque ADN, ha anunciado que durante esta nueva administración se impulsará una rigurosa fiscalización sobre los 16 nombramientos provisionales otorgados en el período legislativo anterior, con el objetivo de asegurar transparencia en la contratación pública.
“Es imprescindible que todos los nombramientos sean revisados conforme a la normativa vigente y se respete el perfil técnico requerido para cada función”, expresó Morillo en declaraciones recientes.
Este panorama refleja los retos que enfrentará la administración de Olsen, no solo en materia legislativa, sino también en la optimización de la gestión interna y del gasto público. La estructura de personal responde tanto a las funciones parlamentarias como a las labores administrativas del organismo.
Además, esta cifra de empleados plantea interrogantes sobre la eficiencia institucional y el uso de recursos estatales, un tema que ha generado debate en anteriores periodos legislativos. El enfoque actual estará en garantizar una gestión transparente y eficiente en el funcionamiento de la Asamblea.
