En una declaración que ha generado repercusiones a nivel regional, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció este miércoles 17 de abril que su gobierno está dispuesto a brindar asilo político a los opositores ecuatorianos que estén siendo perseguidos, en el marco de una creciente controversia sobre presuntas acciones de represión por parte del Ejecutivo de Ecuador.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario colombiano aseguró que tiene conocimiento de una supuesta “lista negra” en la que figurarían nombres de opositores al gobierno ecuatoriano, quienes estarían siendo objeto de seguimiento por las autoridades migratorias y judiciales.
“Hay una lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos. El gobierno de Colombia dará asilo a todo aquel que llegue a nuestro territorio”, expresó Petro en su cuenta de X (antes Twitter).
El pronunciamiento ocurre en un contexto tenso, luego de las recientes elecciones presidenciales en Ecuador y la posterior denuncia de sectores políticos y sociales sobre un presunto uso del sistema judicial para intimidar a figuras opositoras. Aunque el gobierno del presidente Daniel Noboa Azín no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Petro, voceros cercanos al Ejecutivo ecuatoriano han rechazado anteriormente las acusaciones de persecución, insistiendo en que todas las acciones legales siguen el debido proceso.
Petro, quien se ha caracterizado por tomar posturas firmes en temas regionales, subrayó el compromiso de su administración con la protección de los derechos humanos y la democracia en América Latina. En anteriores ocasiones, el mandatario ya había ofrecido asilo a perseguidos políticos de otros países, como Venezuela o Nicaragua, consolidando una política exterior enfocada en el respaldo a sectores que enfrentan conflictos con sus respectivos gobiernos.
La mención a una “lista negra” ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han solicitado a organismos internacionales, como la CIDH y la ONU, que inicien investigaciones sobre el posible uso indebido de mecanismos estatales para vigilar o intimidar a opositores en Ecuador.
En paralelo, algunos excandidatos y figuras políticas de la oposición ecuatoriana han expresado su preocupación por lo que consideran un ambiente de creciente hostilidad. Uno de ellos, Diego Borja, excandidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, afirmó recientemente desde Colombia que su salida del país respondió a la necesidad de evitar una detención “sin orden judicial y sin fundamento legal”.
