La Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente que Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez nacional, sea llamado a juicio por su presunta participación en un delito de asociación ilícita dentro del caso Pantalla. Esta petición se sustenta en un expediente que contiene 117 elementos de convicción presentados ante la justicia.
La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio fue reinstalada este miércoles 28 de mayo de 2025 por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Édison Cantos. La diligencia, que comenzó a las 10:00 de la mañana, permitió que Terán expusiera sus alegatos de defensa frente al dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía, cuyo titular, Wilson Toainga, solicitó que se le juzgue como autor directo del presunto delito.
Además de Wilman Terán, la Fiscalía también señala a la exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, Anabell T., quien está procesada en el mismo caso. Ambos son considerados como autores directos de la presunta asociación ilícita que habría ocurrido en el ámbito judicial.
El caso Pantalla ha generado gran expectativa y atención en el sistema judicial y político del país, dado que involucra a funcionarios de alto rango dentro del sistema de justicia. La acusación sostiene que los implicados habrían formado una estructura para favorecer intereses personales y manipular procesos legales, lo cual sería una violación grave a la institucionalidad y a la transparencia pública.
Con 117 elementos de convicción —entre documentos, testimonios y registros—, la Fiscalía ha construido un caso sólido que busca demostrar la existencia de esta presunta red de corrupción dentro del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial.
El juez Édison Cantos, encargado de la audiencia, tendrá la responsabilidad de valorar estos elementos y decidir si admite la solicitud para iniciar el juicio penal formal contra Wilman Terán y la exjueza Anabell T. Por ahora, la defensa de Terán ha sostenido su inocencia y ha cuestionado la validez de las pruebas presentadas, argumentando irregularidades en el proceso.
Este caso es parte de un esfuerzo más amplio de la Fiscalía General para combatir la corrupción y fortalecer la integridad en las instituciones públicas, en especial en el sector judicial, que es clave para el funcionamiento democrático y el respeto al Estado de Derecho.
