Quito, Ecuador – Un cambio fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas está a punto de entrar en vigor en Ecuador. Con la reciente aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional por la Asamblea, se vuelve a la palestra un tema clave: la fijación de una tabla para la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, pero con una diferencia crucial: ¡ya no será por gramajes!
Esta medida, incluida en el proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto interno, representa un viraje significativo en la política de drogas del país. Históricamente, Ecuador ha enfrentado el desafío de diferenciar entre un consumidor y un traficante, lo que a menudo ha llevado a la criminalización de personas con adicciones. La anterior tabla de gramajes, si bien buscaba claridad, fue objeto de debate y críticas por sus posibles efectos perversos.
La Asamblea Nacional aprobó esta trascendental ley el pasado fin de semana, en segundo debate, con un contundente respaldo de 84 votos a favor. Este amplio apoyo legislativo provino del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y una parte del bloque de Pachakutik, evidenciando un consenso político en la necesidad de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.
Pero, ¿cómo se diferenciará ahora a los consumidores de los traficantes sin el criterio de los gramajes? Aunque el artículo no detalla los nuevos «parámetros», se espera que la ley establezca criterios más amplios y complejos para determinar si una persona es un consumidor o si su posesión de drogas está destinada al tráfico. Esto podría incluir:
- Contexto de la detención: Dónde y en qué circunstancias se encuentra la persona con la sustancia.
- Comportamiento del individuo: Si hay indicios de comercialización, como venta activa o transacciones.
- Variedad de sustancias: Si la persona posee diferentes tipos de drogas o grandes cantidades que exceden el consumo personal.
- Elementos adicionales: Presencia de balanzas, dinero en efectivo en grandes cantidades, celulares con mensajes de venta, etc.
- Antecedentes penales: Si el individuo tiene un historial previo relacionado con el tráfico de drogas.
El objetivo de esta modificación es doble: por un lado, despenalizar al consumidor, reconociéndolo como una persona con un problema de salud pública que requiere tratamiento, no prisión. Por otro lado, endurecer la persecución y sanción del verdadero traficante, quien es una pieza clave en la economía criminal y que se beneficia del sufrimiento ajeno.
Esta Ley de Solidaridad Nacional es una pieza central en la estrategia del Gobierno para enfrentar el conflicto armado interno y desarticular las redes de narcotráfico y microtráfico que operan en el país. Al establecer parámetros más claros y basados en evidencia para la diferenciación, se busca optimizar los recursos judiciales y policiales, enfocándolos en los verdaderos criminales y liberando a los consumidores de la carga del sistema penal. La entrada en vigencia de esta ley será clave para observar su impacto real en la política de drogas de Ecuador.
