La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió no avanzar con la calificación del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. La moción, presentada por la legisladora Pamela Aguirre, no consiguió el respaldo necesario y fue rechazada en una sesión marcada por intensas discrepancias entre los miembros de la comisión.
El rechazo se produjo cerca de la medianoche, después de una larga y turbulenta sesión. Los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) expresaron su descontento, argumentando que no se había leído adecuadamente el documento del juicio político contra Salazar. Según ellos, el proceso cumplía con todos los requisitos necesarios para iniciar el juicio. Sin embargo, la moción de Aguirre para calificar el juicio no obtuvo los votos suficientes.
Las tensiones aumentaron durante la sesión, que comenzó a las 21:00, cuando los miembros de la RC exigieron más tiempo para debatir el tema. A las 23:23, Aguirre se retiró de la mesa por unos minutos en medio del caos. La sesión fue presidida por el asambleísta Luis Alvarado, tras la apelación de Aguirre a la presidencia.
A pesar de los insistentes reclamos de la RC, la moción de juicio político no fue aprobada, con cinco votos en contra y cuatro a favor. La solicitud de reconsideración también fue rechazada. Los legisladores de la RC solicitaron a Alvarado que certificara si el juicio político había sido calificado, pero él optó por no pronunciarse y en su lugar propuso discutir la segunda moción sobre la unificación de juicios presentados por la asambleísta Gissela Garzón y el legislador Héctor Valladares, ambos de la RC.
La moción para unificar los juicios también enfrentó oposición, ya que los legisladores correístas se negaron a votar, argumentando que no podían considerar la unificación sin haber admitido previamente el juicio político contra Salazar. Finalmente, la propuesta de unificación fue aprobada con cinco votos a favor.
La decisión de no calificar el juicio contra Salazar es notable dado que la fiscal general había solicitado públicamente la reactivación del proceso. Esta decisión se produjo después de que la Comisión de Fiscalización acatara un fallo judicial del juez Édgar Romero, que ordenaba reactivar tres juicios políticos contra exministros del presidente Guillermo Lasso.
Además, la sesión resultó en la separación del asambleísta Lenín Rogel de la Bancada de la 6, como se informó en un comunicado. La bancada expresó su desacuerdo con la resolución de la Comisión de Fiscalización, alegando que contraviene la Constitución y la postura del partido. Calificaron la sentencia judicial como espuria.
En resumen, la decisión de la Comisión de Fiscalización de no calificar el juicio político contra la fiscal Diana Salazar se suma a una serie de controversias que reflejan las tensiones dentro del poder legislativo ecuatoriano.
