Quito, Ecuador – Una propuesta legislativa de alto impacto y considerable polémica está a punto de ser debatida y votada en la Asamblea Nacional: el proyecto de ley de inteligencia. Este martes, 10 de junio de 2025, a partir de las 15:00, el pleno legislativo se reunirá para decidir sobre una norma que, de aprobarse, eliminaría la obligatoriedad de obtener una orden judicial para que los organismos de inteligencia puedan interceptar llamadas telefónicas, abrir o examinar documentos como parte de sus operaciones encubiertas.
La propuesta, elaborada por la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, busca derogar el artículo 20 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, una disposición actualmente vigente que exige precisamente esa autorización judicial. Este artículo 20 estipula que: «cuando los organismos de inteligencia, como parte de las operaciones encubiertas, requieran retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio, solicitarán de forma motivada al Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia la autorización correspondiente, mediante solicitud reservada, la cual constará en los registros especiales que, para el efecto, mantendrá la Función Judicial…».
La eliminación de este requisito judicial es un tema sumamente delicado y ha generado un intenso debate entre diversos sectores. Por un lado, quienes defienden la modificación argumentan que la exigencia de una orden judicial ralentiza las operaciones de inteligencia, dificultando la acción rápida y efectiva contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, especialmente en el contexto del conflicto armado interno que vive el país. Sostienen que la burocracia judicial da una ventaja a los delincuentes, permitiéndoles evadir la detección y seguir operando con mayor impunidad.
Sin embargo, los críticos de la propuesta alertan sobre los graves riesgos que esta medida podría implicar para los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La eliminación del control judicial en las interceptaciones y el acceso a comunicaciones abre la puerta a posibles abusos de poder, vigilancia indiscriminada y violaciones a la privacidad. Expertos en derechos humanos y juristas han expresado su profunda preocupación, señalando que la falta de un filtro judicial podría transformar las operaciones de inteligencia en herramientas de persecución política o de espionaje ilegal.
El debate en el pleno de la Asamblea promete ser acalorado. La balanza se inclinará entre la necesidad de dotar a los organismos de inteligencia de mayor agilidad para combatir la criminalidad y la imperiosa obligación de proteger los derechos constitucionales de los ecuatorianos. La decisión que tome el legislativo no solo tendrá un impacto directo en las capacidades de las fuerzas de seguridad, sino que también definirá el equilibrio entre seguridad y libertad en el país. El resultado de esta votación será crucial para el futuro del marco legal de la inteligencia en Ecuador.
