La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el bloque oficialista ADN, ha iniciado oficialmente el proceso de fiscalización de los contratos firmados entre el Estado y la empresa Progen. Esta decisión se tomó después de una tensa disputa con la Comisión de Garantías Constitucionales, que también había intentado asumir dicha tarea.
El conflicto comenzó el 11 de junio, cuando la Comisión de Garantías —de mayoría correísta— impulsó una propuesta para liderar la revisión de estos contratos. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó esta intención y ratificó que la competencia exclusiva recaía en la Comisión de Transparencia. Posteriormente, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) emitió una resolución definitiva el 20 de junio, dejando claro que solo esta comisión estaba autorizada para llevar adelante el proceso.
La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, aseguró que se llevará a cabo una investigación “técnica, ordenada y con resultados concretos”. Además, anunció que ya se elabora un cronograma de comparecencias con funcionarios públicos vinculados a la suscripción y ejecución de los contratos con Progen y con la firma Austral Technical Management.
La comisión prevé solicitar información detallada al Ministerio de Energía y a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), para esclarecer montos, condiciones contractuales y posibles irregularidades en los proyectos. También se revisarán las cláusulas de terminación anticipada por incumplimiento y otros aspectos jurídicos relevantes.
Por otro lado, la Contraloría General del Estado ya ha notificado hallazgos preliminares sobre estos contratos, en especial aquellos relacionados con las centrales de Salitral y Quevedo. En consecuencia, varios funcionarios fueron advertidos formalmente, lo que refuerza la urgencia y necesidad de una fiscalización legislativa rigurosa.
Frente a esta situación, la Comisión de Garantías Constitucionales ha aceptado mantenerse al margen, acatando la disposición del CAL, en línea con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que impide la duplicación de funciones entre comisiones.
Este proceso representa un paso clave en el ejercicio del control político por parte del Legislativo, y busca brindar transparencia y confianza ciudadana en la contratación pública relacionada con el sector energético. La ciudadanía y los entes de control estarán atentos al avance de esta investigación, que podría marcar precedentes en la fiscalización de contratos estratégicos.
