La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, presentó el 23 de diciembre de 2024, un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado, solicitando que se investigue el presunto hostigamiento que estarían sufriendo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en relación con varios procesos judiciales en su contra. Abad explicó que, según la información que ha recibido, los jueces del TCE estarían enfrentando presiones para influir en las decisiones judiciales que afectan su situación política, lo que a su juicio compromete la imparcialidad y la justicia dentro del tribunal.
En su denuncia, Abad relató que el 22 de diciembre de 2024, recibió una llamada telefónica anónima en la que se le informó sobre ofertas provenientes de funcionarios cercanos al Gobierno Nacional. Estas ofertas, según la vicepresidenta, buscarían que los jueces favorezcan al Gobierno en los procesos judiciales que se siguen en su contra, con el fin de anular su candidatura y evitar su ascenso a la presidencia, conforme al orden constitucional previsto para enero de 2025.
En este contexto, Abad argumentó que, debido a los procesos contenciosos electorales que ya cuentan con resoluciones sancionatorias o están pendientes de audiencias, se estarían manipulando los fallos judiciales para conseguir decisiones en su contra. Como parte de su denuncia, la vicepresidenta solicitó que se proceda con un allanamiento urgente de las oficinas de los jueces del TCE para obtener evidencia relacionada con el presunto tráfico de influencias y la oferta de este tipo de tráfico.
La solicitud de allanamiento incluye la búsqueda y recolección de evidencia en forma digital, electrónica, audiovisual, telefónica, documental y de cualquier otro tipo en las oficinas de los jueces involucrados en los procesos contra Abad. Los jueces mencionados en la solicitud son Ivonne Coloma Peralta, Ángel Torres Maldonado, Joaquín Viteri Llanga, Guillermo Ortega Caicedo, Fernando Muñoz Benítez, Juan Maldonado Benítez, Richard González Dávila y Roosevelt Cedeño López.
Acompañada de sus abogados y asistentes, Abad enfatizó que este acto tiene como objetivo frenar el hostigamiento judicial al que considera que ha sido sometida, buscando garantizar que los jueces actúen con base en la justicia y el derecho. “Aquí no puede haber justicia selectiva”, sentenció la vicepresidenta, subrayando que el TCE debe ser imparcial y ofrecer justicia para todos los ecuatorianos, sin que intervengan intereses políticos.
En cuanto al futuro de su denuncia, Abad indicó que el próximo paso es la audiencia del 27 de diciembre de 2024, donde espera poder evidenciar las irregularidades que aún persisten dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Además, la vicepresidenta está preparando una cronología detallada de los hechos que, según su versión, evidencian el hostigamiento judicial que ha enfrentado durante los últimos seis meses, señalando que en este periodo ha sido blanco de múltiples denuncias en su contra dentro del TCE.
