En Ecuador, las elecciones generales del 9 de febrero de 2025 marcarán el inicio de un nuevo ciclo electoral, pero dos reformas constitucionales planteadas por el presidente Daniel Noboa podrían generar un proceso electoral adicional antes de lo previsto. Aunque lo habitual sería que el próximo proceso electoral tenga lugar en 2027 para renovar autoridades seccionales, los ecuatorianos podrían verse llamados a votar nuevamente si las reformas propuestas logran ser aprobadas.
Durante los últimos tres años, Ecuador ha experimentado una serie de procesos electorales y consultas populares, que han hecho que el voto se vuelva algo frecuente. En este tiempo, los ecuatorianos han acudido a las urnas en más de cinco ocasiones, con una elección prevista para el 9 de febrero de 2025. Sin embargo, las reformas constitucionales propuestas por Noboa, una referente al establecimiento de bases militares extranjeras y otra sobre la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, podrían modificar el calendario electoral.
Estas reformas, que actualmente están siendo tratadas por la Asamblea Nacional, podrían dar lugar a un referéndum. En principio, se pensó que ambas reformas podrían votarse junto con la segunda vuelta electoral del 2025, prevista para el 13 de abril. Sin embargo, debido a los tiempos de tramitación en la Corte Constitucional y el receso legislativo, esta opción no ha sido posible. A pesar de ello, si las reformas avanzan y obtienen la aprobación en el Legislativo, los ecuatorianos podrían ser llamados a votar en un referéndum en los próximos meses.
Las propuestas de reforma que Noboa ha impulsado incluyen dos puntos principales. El primero se refiere a la modificación del artículo 5 de la Constitución para permitir la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador. Actualmente, el artículo 5 establece que no se permitirán bases militares extranjeras ni instalaciones con fines militares en el país. Noboa ha propuesto que se elimine esta disposición, dejando solo la frase “El Ecuador es un territorio de paz”. La propuesta de reforma ya fue aprobada por la Corte Constitucional el 3 de octubre y actualmente está siendo analizada por una comisión legislativa ocasional para su posterior votación en el pleno.
La segunda reforma plantea la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos. Este cambio implicaría la eliminación de los recursos públicos que actualmente reciben los partidos y movimientos políticos para su funcionamiento. En su lugar, la reforma propone que estos fondos sean eliminados, dejando solo la posibilidad de que los partidos se financien a través de fuentes privadas. Esta propuesta también está siendo evaluada por la Asamblea, tras recibir el aval de la Corte Constitucional el 27 de noviembre de 2024. En este caso, la propuesta modifica los artículos 110 y 155 de la Constitución, relacionados con el financiamiento y la promoción electoral.
Ambas reformas requieren al menos 70 votos de los legisladores para su aprobación en el pleno de la Asamblea. Una vez aprobadas, las reformas deberán ser sometidas a un referéndum, de acuerdo con lo establecido en el artículo 442 de la Constitución. Este proceso implica que, una vez aprobado el proyecto de reforma, se convoque a los ecuatorianos para votar en un plazo de 45 días.
El presidente Noboa espera que estas reformas sean aprobadas para lograr cambios significativos en la política nacional. La propuesta sobre las bases militares extranjeras se justifica por la necesidad de fortalecer la defensa del país frente a amenazas internacionales, mientras que la reforma al financiamiento estatal busca hacer más equitativo el sistema político ecuatoriano, eliminando lo que algunos consideran un uso indebido de los recursos públicos.
Si bien las reformas aún están en proceso y dependen de la decisión de la Asamblea Nacional, su posible implementación podría cambiar el rumbo político del país y llevar a los ecuatorianos nuevamente a las urnas en 2025. En tanto, las fechas y procedimientos exactos para la convocatoria a referéndum dependerán de los avances legislativos y constitucionales en los próximos meses.
