El 27 de noviembre, la Asamblea Nacional de Ecuador avanzó en el primer debate de un proyecto de ley urgente dirigido a mitigar las consecuencias de la crisis económica, especialmente a raíz de la crisis energética y los apagones. La ley, que tiene como objetivo aliviar el impacto financiero en las familias ecuatorianas y fortalecer la economía del país, incluye una serie de disposiciones clave para apoyar a empresas y trabajadores.
Uno de los puntos más debatidos durante la sesión fue la propuesta de eliminar la devolución del IVA al sector minero, lo que generó controversia. María Eulalia Silva, representante de la Cámara de Minería del Ecuador, advirtió que esta medida podría afectar gravemente la inversión en el país. Señaló que Ecuador sería el único país que eliminaría la devolución del IVA al sector minero, lo que enviaría un mensaje negativo a las empresas que aportan inversiones al país. Silva alertó que esta decisión podría vulnerar los derechos de las empresas, lo que potencialmente conduciría a acciones judiciales.
Por su parte, Valentina Centeno, presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, defendió la propuesta del Ejecutivo, asegurando que la eliminación de la devolución del IVA al sector minero busca un trato equitativo con las empresas petroleras. Los recursos que se generen de esta medida, alrededor de $67 millones, se destinarán a programas sociales y educativos en beneficio de la población más vulnerable.
Dentro de las medidas económicas planteadas en el proyecto, se destacan varias iniciativas para aliviar la carga tributaria de los ciudadanos y empresas afectadas por la crisis. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) podrá condonar obligaciones tributarias de hasta $460, generadas por los apagones, lo que impactaría positivamente a unas 121,000 personas. Además, se ampliará el plazo para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.
En el sector bancario, la ley también contempla la condonación de intereses y capitales de los créditos educativos de las personas con discapacidad, así como la extensión de los plazos de los créditos educativos para jóvenes que no puedan hacer frente a sus pagos debido a la crisis económica.
Otro de los aspectos relevantes de la ley es la prohibición de iniciar procesos coactivos por parte de BanEcuador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta el 28 de febrero de 2025. En cuanto al empleo, la ley permitirá que las personas que pierdan su trabajo puedan acceder al seguro de desempleo de manera inmediata, en un plazo máximo de diez días, garantizando así un derecho fundamental en momentos de crisis.
La ley también contempla incentivos a las empresas que mantengan su nómina laboral y eviten realizar despidos. Esta medida tiene como fin evitar un aumento en el desempleo y asegurar la estabilidad de los trabajadores en tiempos de incertidumbre económica.
En el marco del debate, Blasco Luna, miembro de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), propuso que un 10% de las reservas internacionales del país sean repatriadas para reinvertir en el sector agropecuario y reactivar las actividades productivas. También sugirió la condonación de multas, intereses y recargos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que tienen deudas con el IESS.
Luna también destacó la necesidad de incluir a la bancada privada en la discusión sobre la reducción de tasas de interés, advirtiendo que la eliminación de la devolución del IVA podría generar conflictos con los contratos firmados en el sector minero. Según su perspectiva, esta modificación podría dar lugar a reclamos legales y arbitrales por parte de las empresas afectadas.
Jorge Acaiturri-Villa, del Partido Social Cristiano (PSC), expresó su apoyo a la ley, pero enfatizó que las medidas adoptadas deben ir más allá de un parche temporal. Según Acaiturri, aunque las propuestas son positivas, es necesario tomar acciones a largo plazo que apunten a una inversión más profunda para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y solucionar de fondo los problemas estructurales que enfrenta la economía.
En resumen, el proyecto de ley urgente busca aliviar el impacto económico de los apagones y la crisis energética, ofreciendo soluciones inmediatas tanto para las empresas como para las personas más afectadas. Sin embargo, el debate en la Asamblea continúa, con diferentes sectores expresando opiniones sobre el alcance de las medidas y sus posibles consecuencias a largo plazo.
