El trámite judicial de la acción de protección presentada por la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, se encuentra atravesando un complicado escenario, mientras se cumple casi un mes desde que se inició el proceso. Abad ha solicitado que se declare la nulidad de la resolución emitida por el Ministerio del Trabajo, que la suspendió en su cargo por un periodo de 150 días. Esta medida, que la dejó fuera de sus funciones desde el 8 de noviembre, sigue vigente, y aunque se esperaba un fallo el 16 de diciembre, la jueza encargada del caso, Nubia Vera Cedeño, suspendió la diligencia por cuarta vez debido a un pedido de la defensa de Abad. La nueva audiencia se ha convocado para el miércoles 18 de diciembre a las 09:00.
La causa de la nueva demora radica en que la defensa de Abad, representada por Dominique Ávila, advirtió que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no entregó el expediente físico de la primera acción de protección presentada por Abad, documento que, según su defensa, es crucial para el caso. Este expediente tiene relevancia porque la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, acusó a Abad y a sus abogados de estar incurriendo en delitos de perjurio, fraude procesal y abuso de derecho, acusaciones graves que complican aún más el panorama judicial de la vicepresidenta.
La primera acción de protección fue presentada por Abad contra la resolución del Ministerio del Trabajo que la sancionaba por no llegar a Ankara (Turquía) antes del 9 de septiembre, lo que impidió que continuara desempeñándose como embajadora de paz en Israel. La jueza que trató ese primer recurso rechazó la solicitud, lo que llevó a Abad a presentar una apelación. El proceso fue enviado posteriormente a la Corte Constitucional, que ahora debe aclarar una “duda razonable” sobre el caso, mientras que la Corte Provincial envió el expediente físico a esa corte.
En medio de estos retrasos, Ávila ha solicitado que se obtenga una copia física de los documentos de la Corte Constitucional. La jueza Vera aceptó esta solicitud y ordenó que los documentos sean enviados a la Unidad Judicial de Quito para su revisión. Sin embargo, la ministra Ivonne Núñez Figueroa rechazó estos retrasos, argumentando que los documentos solicitados no tienen relación con la acción de protección que Abad está intentando tramitar y que su única finalidad es dilatar el momento en que la jueza emita su fallo.
Núñez, quien participó en la audiencia de manera virtual, argumentó que el recurso original de Abad, que impugnaba la resolución del Ministerio del Trabajo, es el mismo que está siendo tratado en la actualidad. La ministra advirtió que la jueza Vera estaría impedida de resolver este caso, sugiriendo que la resolución debería ser la improcedencia de la acción de protección, debido a que la Corte Constitucional ya está interviniendo en el proceso.
Por su parte, Abad ha acusado a Núñez de hacer acusaciones irresponsables y de tratar de socavar su reputación con acusaciones de fraude procesal y perjurio. La vicepresidenta añadió que estas acusaciones son un atentado contra el orden constitucional del país, y adelantó que, si es necesario, tomaría acciones legales contra la ministra Ivonne Núñez.
El próximo miércoles se espera que las partes procesales presenten sus alegatos finales en la acción constitucional, ya que la semana pasada concluyó la exposición de los abogados que actuaron como amicis curiae. A continuación, la jueza Nubia Vera podría emitir su fallo de forma oral, o bien, convocar a una nueva audiencia si considera que es necesario.
Este caso, que involucra a una alta funcionaria del gobierno ecuatoriano, sigue en el centro del debate judicial y político, con implicaciones que podrían afectar tanto el proceso interno del gobierno de Daniel Noboa como las relaciones políticas en el país.
