Se contabilizan alrededor de 50 muertes en los estallidos que causaron el ascenso de Boluarte al poder en diciembre, siguiendo la detención de Pedro Castillo.
Las manifestaciones en Perú para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte cumplieron seis días y alcanzaron un nuevo nivel de violencia en la capital, por lo cual la mandataria convocó a una tregua nacional.
Entre nubes de gases lacrimógenos, piedras y perdigones continuaron protestando los grupos sociales que se congregaron para pedirle al Gobierno que llame a elecciones adelantadas y que instaure una Asamblea Constituyente.
La policía antidisturbios acudió a dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos para impedir que entren a la sede del Congreso. Las autoridades también ordenaron cerrar el aeropuerto internacional de Cusco, como “medida de prevención” por la marcha nacional del miércoles contra el Gobierno.
Además, se suspendieron las actividades en las terminales aéreas de Juliaca y Arequipa.
La crisis política que vive Perú desde el pasado 7 de diciembre comenzó con el intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y luego trató de darse a la huida de la residencia presidencial, pero fue atrapado por las autoridades.
Boluarte, exvicepresidenta de Castillo, tomó el poder de Perú en diciembre.
“Nosotros, todo el pueblo peruano, no vamos a dar tregua. No tenemos nada que hablar con la señora (Dina) Boluarte. La señora sabe muy bien: lo único que quiere el pueblo es que renuncie y que haya nuevas elecciones”, dijo a AFP Carlos Avedano, un ciudadano de 35 años que se movilizó desde Andahuaylas, una ciudad a 754 km al sureste de la capital.
“Me iré cuando hayamos convocado a las elecciones generales (…) No tengo intención de quedarme en el poder”, manifestó Boluarte, pero rechazó renunciar o adelantar las elecciones previstas para abril del 2024.
La presidenta afirmó que la idea de que ella provocó el golpe a Pedro Castillo es una “narrativa de grupos de personas radicales basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”.
Examen ante la ONU.
Perú fue sometida hoy al examen periódico sobre la situación de sus libertades fundamentales por parte del Consejo (formado por 47 Estados miembros de la ONU), el primero en cinco años para el país y que coincide en esta ocasión con la grave crisis producida tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.
Por videoconferencia desde Perú, la delegación institucional peruana ante este examen, liderada por el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, comenzó lamentando la pérdida de vidas humanas, pero aseguró que “la protesta no puede confundirse con acciones delictivas”.
Tello denunció en este sentido ataques violentos en el marco de las protestas a centros de salud, instituciones judiciales, pequeñas y medianas empresas con pérdidas millonarias, a medios y periodistas, y bloqueo de carreteras que quebró “el derecho a la libertad de tránsito”. El ministro subrayó que pese a la violencia las actuales autoridades peruanas reconocen las exigencias de los manifestantes, que “forman parte de una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados”.
