En Ecuador, el debate sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional continúa avanzando. La comisión ocasional legislativa encargada de analizar la reforma ha cerrado la fase de comparecencias de autoridades, aunque no todos los responsables acudieron a la convocatoria.
Uno de los ausentes fue el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada Prado, quien se excusó de participar en las discusiones. Lozada explicó que, dado que este debate puede derivar en una reforma constitucional, la Corte debería realizar un control de constitucionalidad en relación a la convocatoria a un posible referendo. Según los artículos 442 de la Constitución y 102 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se consideró necesario preservar la independencia e imparcialidad de la Corte, por lo que su participación en el debate era inapropiada.
En contraste, sí asistieron José Terán Naranjo, delegado de la Corte Nacional de Justicia, y Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Terán Naranjo destacó que cualquier decisión sobre acuerdos de cooperación internacional debe ser coherente con los principios constitucionales y los compromisos internacionales de Ecuador. Además, recalcó la importancia de la cooperación internacional, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Según él, los Estados no pueden actuar de forma aislada, sino que deben fomentar relaciones con otros países, siempre respetando la Constitución, para mejorar su capacidad de lucha contra estos delitos.
Por su parte, Godoy enfatizó la necesidad de establecer reglas claras en los acuerdos de cooperación internacional, especialmente en lo relativo al tratamiento de delitos cometidos por militares extranjeros en suelo ecuatoriano. Señaló que, para garantizar la justicia, se debe cuidar la jurisdicción y la competencia en los casos judiciales, conforme a la normativa ecuatoriana vigente. Afirmó que cualquier acuerdo que permita la presencia de bases militares extranjeras debe alinearse con los tratados internacionales y respetar las leyes locales.
Rafael Dávila, vicepresidente de la comisión ocasional, expresó su preocupación debido a la cercanía del plazo para presentar el informe del primer debate, programado para el próximo 23 de diciembre. Dávila también mencionó que la falta de presencia de algunos delegados del Estado está retrasando el cumplimiento del cronograma. Ante esto, solicitó un cambio en el orden del día para permitir la asistencia de tres expertos en seguridad y derecho internacional que podrían aportar al debate: Francisco Javier Paredes, Ph.D. en Derecho Internacional; José Luis Castillo Égüez, magíster en Seguridad y Desarrollo; y Francisco Trejo Portilla, experto en seguridad.
Este proceso de reforma ha generado debate, ya que la instalación de bases militares extranjeras podría tener implicaciones tanto en la soberanía nacional como en la seguridad internacional de Ecuador. Con la cercanía de las elecciones y la complejidad del tema, los próximos pasos de este proceso legislativo serán cruciales para el futuro del país.
