La renuncia de Diana Salazar como fiscal general del Estado, anunciada el martes 20 de mayo de 2025, no pasó desapercibida en la esfera política. La bancada de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, publicó una carta abierta en la que cuestiona de forma directa y severa la gestión de Salazar durante sus seis años y 43 días al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El documento, difundido por los legisladores del bloque RC, rechaza el tono de despedida que empleó Salazar en su video de renuncia, calificándolo de “altivo” y con una narrativa “casi heroica”. “Su ciclo había expirado hace tiempo”, expresaron, y acusaron a la exfiscal de haber sido parte del “desmantelamiento institucional del país”, señalando que su labor estuvo marcada por decisiones políticas y no por un compromiso auténtico con la justicia.
Además, los legisladores manifestaron que Salazar habría contribuido al debilitamiento del Estado de derecho, al favorecer una narrativa judicial que, según ellos, persiguió políticamente a quienes integran el movimiento. “Usted no hizo justicia, fue parte activa del desmantelamiento de un país”, indicaron en su carta pública.
La reacción del bloque se produce en medio del proceso de transición que vive la Fiscalía General tras la salida de Salazar y la designación interina de Wilson Toainga, quien asumirá temporalmente el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombre un reemplazo definitivo a través de un concurso público.
Diana Salazar fue nombrada en 2019 por el CPCCS transitorio presidido por Julio César Trujillo. Su mandato constitucional finalizó, pero permaneció en funciones prorrogadas por más de 40 días debido a la falta de avance del concurso que debía seleccionar a su sucesor. Pese a su salida, Salazar se despidió afirmando que su paso por la Fiscalía estuvo guiado por la vocación de servicio y la búsqueda de justicia para los ciudadanos.
