El caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, suma nuevos y perturbadores detalles. Un testigo protegido de la Fiscalía, identificado como Marcelo Nicolás L. S., relató cómo los seis sicarios colombianos implicados en el crimen fueron asesinados dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el 6 de octubre de 2023. Los cuerpos de los extranjeros fueron hallados en el pabellón 7, con signos de asfixia, un día antes de que concluyera la instrucción fiscal inicial.
Los fallecidos —Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules Castaño y Jhon Rodríguez— habían sido detenidos pocas horas después del atentado ocurrido el 9 de agosto de 2023, a las 18:15, cuando Villavicencio salía de un mitin en Quito. Hasta hace poco, se desconocían las circunstancias de su muerte y si existían responsables dentro del sistema penitenciario.
Fue durante una declaración telemática ofrecida desde el Consulado de Ecuador en Santa Cruz (Bolivia) que el testigo reveló los pormenores del crimen. Marcelo Nicolás L. S., quien también colabora en el caso Metástasis por su cercanía con el narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, aseguró que los asesinatos dentro de la cárcel fueron una “sentencia anunciada”.
Según su testimonio, los sicarios fueron ubicados en pabellones controlados por bandas criminales como Los Lobos y Los Duendes. “Desde que entraron, ya estaban condenados. Pagaban extorsiones diarias. Cuando empezaron a hablar, se dictó su sentencia”, declaró.
El testigo narró que, tras una visita del FBI al pabellón 10, los colombianos fueron trasladados al pabellón 7, donde finalmente fueron ejecutados. Los responsables de la orden, dijo, fueron cabecillas del sicariato interno conocidos como alias Jeffrey, Ruso, Saíno y Chapatín.
El testigo protegido también vinculó al exministro José Serrano como el supuesto enlace entre miembros de la Policía y el grupo criminal Los Lobos, proporcionando información sobre los movimientos del candidato. Según relató, Serrano habría utilizado contactos en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y la Dirección General de Inteligencia (DGI) para filtrar datos sensibles a los delincuentes.
“Leandro Norero me dijo que Serrano era quien recibía los informes policiales sobre Villavicencio y los entregaba a la organización. Así se planificó el seguimiento y la emboscada”, sostuvo el declarante.
Dentro del expediente judicial del caso Magnicidio FV, abierto el 3 de septiembre de 2024, también constan los nombres de otros presuntos autores intelectuales: el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, condenado previamente por corrupción.
Como parte de las pruebas, la fiscal Ana Hidalgo presentó una pericia realizada a una entrevista entre el agente del FBI Scott Pickle y uno de los sicarios, Jules Osmín Castaño. En esa conversación, Castaño afirmó que el “trabajo era para el señor de arriba” y, al ser consultado sobre a quién se refería, respondió: “al señor Correa”.
El FBI entregó a la Fiscalía ecuatoriana un teléfono iPhone del agente Pickle, que fue sometido a análisis por el Departamento de Criminalística. En su contenido se hallaron grabaciones y transcripciones que hoy forman parte del expediente.
Informes del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) confirman que, antes de su muerte, se había solicitado trasladar a dos de los colombianos a la Cárcel 4 de Quito por amenazas contra su vida. Sin embargo, el cambio nunca se concretó.
El 12 de julio de 2024, un Tribunal Penal de Pichincha condenó a cinco personas como responsables materiales del asesinato de Villavicencio. Edwin A. L., alias Invisible, fue sentenciado como autor mediato; Laura C. V., alias Flaca, como coautora; y tres cómplices recibieron penas de doce años. A partir de esa sentencia, la Fiscalía amplió su investigación hacia los autores intelectuales, quienes habrían financiado y ordenado el atentado que segó la vida del periodista y candidato de 59 años.
La revelación del testigo reaviva las dudas sobre el alcance del crimen y los vínculos entre la política, el narcotráfico y la violencia carcelaria que siguen marcando al país.
