El presidente ejecutivo de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra, interpuso una demanda por presunto daño moral contra el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze. La acción legal, presentada ante la justicia ecuatoriana, solicita una indemnización de un millón de dólares, además de una retractación formal y disculpas públicas por parte del funcionario.
De acuerdo con el documento judicial, Granasa acusa a Neira de haber “orquestado y ejecutado una campaña destinada a desprestigiar” a la casa editora, afectando su imagen, credibilidad y reputación institucional. El conflicto se origina tras declaraciones y publicaciones del funcionario sobre una investigación tributaria en la que supuestamente estaría involucrada la empresa.
Los hechos que motivaron la demanda se remontan al 10 de septiembre de 2025, cuando el portal La Posta difundió un video en el que informaba sobre el inicio de una investigación por presunta defraudación fiscal contra un medio de comunicación impreso, mostrando en pantalla una edición del diario Expreso.
Ante la repercusión del video, Granasa emitió un comunicado oficial el 11 de septiembre, aclarando que no había recibido ninguna notificación formal del Servicio de Rentas Internas (SRI) y solicitando a la entidad los informes respectivos para despejar cualquier duda sobre su situación tributaria.
Sin embargo, el 17 de septiembre, Neira publicó un video en su cuenta de X (antes Twitter) en el que se refería nuevamente al caso de investigación fiscal, sin mencionar directamente a Granasa, pero —según la demanda— las insinuaciones del contenido apuntaban claramente a la empresa.
Además, el mensaje de Neira incluía una presunta conexión de la editora con el caso Sinohydro, un escándalo relacionado con supuestos actos de corrupción. Granasa calificó esta afirmación como “falsa y maliciosa”, enfatizando que no existe ningún vínculo entre ambos procesos ni participación de sus abogados en esquemas fraudulentos.
El presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, sostiene que las declaraciones del secretario causaron un grave perjuicio a la reputación del grupo editorial, el cual cuenta con más de medio siglo de trayectoria en el país. Por ello, la empresa solicita a la justicia no solo una compensación económica, sino también una reparación moral mediante disculpas públicas.
Hasta el momento, José Julio Neira no ha emitido declaraciones oficiales respecto a la demanda, y desde la Secretaría de Integridad Pública no se ha ofrecido ningún pronunciamiento sobre el proceso en curso.
El caso ha generado amplio interés en el ámbito mediático y jurídico, al poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre la función pública, la libertad de expresión y la responsabilidad institucional en la difusión de información sensible.
