El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha anunciado que los concursos públicos para designar a las autoridades de control podrían tardar hasta tres años en completarse bajo la normativa actual. El presidente del organismo, Andrés Fantoni, propone una reforma que permitiría reducir este tiempo a menos de ocho meses.
Durante la sesión del 23 de abril de 2025, Fantoni aseguró que la principal causa del retraso es la rigidez del actual reglamento para conformar las comisiones ciudadanas de selección, cuya labor es evaluar y designar a los altos funcionarios del Estado a través de concursos de méritos, oposición e impugnación.
«No es falta de voluntad política, es falta de un nuevo reglamento. Con el actual, estos procesos se alargan innecesariamente. La meta es que no duren más de ocho meses, máximo un año», afirmó Fantoni.
Estas comisiones están compuestas por diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía, elegidos mediante un proceso de calificación y sorteo; y cinco delegados de las Funciones del Estado, seleccionados tras una verificación de impedimentos y una fase de impugnación.
El último reglamento vigente, emitido en 2021 durante la presidencia de Sofía Almeida y aprobado en una sesión presidida por David Rosero, establece 76 días para formar cada comisión. Sin embargo, Fantoni adelantó que en una o dos semanas se instalarán mesas técnicas para crear un nuevo reglamento, con el objetivo de reducir en un 60 % la duración de estos procesos.
Mientras tanto, varias autoridades continúan en funciones prorrogadas, incluyendo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuyo periodo termina el 20 de mayo de 2025. Estos han solicitado a la Procuraduría General del Estado un criterio vinculante para legitimar su permanencia temporal.
La situación es similar en otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo, donde sus titulares también se mantienen prorrogados ante la falta de reemplazos designados.
En el caso del Consejo de la Judicatura (CJ), que debería operar con cinco miembros, actualmente lo hace con solo tres: Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui. La falta de designación de representantes por parte de la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República ha frenado el proceso. Uno de los aspirantes, Pablo Villagómez Reinel, retiró su candidatura tras aparecer vinculado al caso «Liga2», según reveló la Fiscalía General.
El CPCCS ha dado un plazo de diez días a la Asamblea para enviar un nuevo candidato, mientras que Fantoni anunció que enviará una solicitud formal al presidente Daniel Noboa Azín para que remita los nombres de sus candidatos a vocales del CJ.
Con estas reformas, Fantoni espera que durante 2025 se logren completar los concursos públicos y se nombren a las nuevas autoridades en los organismos estatales, poniendo fin a los periodos prorrogados que actualmente afectan la institucionalidad del país.
