Quito, Ecuador – En un movimiento que redefine las reglas del juego en la seguridad nacional, la Asamblea Nacional aprobó este martes, 10 de junio de 2025, con 77 votos a favor, el controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia. La nueva normativa, que consta de 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria y cuatro derogatorias, contiene puntos clave que han encendido las alarmas de varios sectores, especialmente por la eliminación de la exigencia de autorización judicial para ciertas operaciones de inteligencia.
El aspecto más debatido y que ha generado mayor preocupación es que, con esta ley, los organismos de inteligencia ya no tendrán que pedir una orden judicial para realizar acciones como interceptar llamadas telefónicas, abrir o interceptar documentos como parte de sus operaciones encubiertas. Esto representa un cambio fundamental en la supervisión de las actividades de inteligencia y plantea serias interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad del Estado y los derechos a la privacidad de los ciudadanos.
El texto de esta ley no es nuevo; de hecho, sus raíces se remontan a un proyecto presentado originalmente en el 2008. Sin embargo, ha sido en el contexto actual de conflicto armado interno y la lucha contra el crimen organizado que la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional le ha dado un impulso decisivo. La aprobación de esta ley es vista por el Gobierno como una herramienta esencial para que las agencias de inteligencia puedan actuar con mayor celeridad y eficacia frente a las amenazas que enfrenta el país.
Entre las disposiciones más relevantes de la nueva norma, se destaca la derogatoria expresa del artículo 20 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Este artículo era precisamente el que establecía la necesidad de una autorización judicial para llevar a cabo ciertas intervenciones. Al eliminarlo, se otorga a los organismos de inteligencia una autonomía sin precedentes en la recolección de información sensible, lo que ha sido aplaudido por quienes defienden una mayor mano dura contra la delincuencia, pero duramente criticado por defensores de los derechos humanos y partidos de oposición.
La discusión en torno a esta ley se polariza entre la necesidad de un Estado fuerte y capaz de proteger a sus ciudadanos y la garantía de las libertades individuales. Quienes apoyan la ley argumentan que la burocracia judicial ralentiza las operaciones de inteligencia, dando ventaja a los grupos criminales que operan con rapidez y sin escrúpulos. Para ellos, esta medida es vital para mapear y neutralizar a las organizaciones terroristas y delincuenciales.
Por otro lado, los críticos advierten que la falta de supervisión judicial abre la puerta a posibles abusos de poder, vigilancia indiscriminada y la vulneración de derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones. Temen que la ley pueda ser utilizada con fines políticos o para espiar a ciudadanos sin justificación alguna, generando un ambiente de desconfianza y erosión de las garantías constitucionales.
La Ley de Inteligencia ahora pasará al Ejecutivo para su sanción o veto presidencial. El presidente Daniel Noboa tendrá la última palabra para promulgarla o enviar objeciones a la Asamblea, lo que podría reabrir el debate sobre los puntos más controversiales. La ciudadanía, mientras tanto, se mantiene atenta a los alcances de una ley que podría cambiar significativamente la forma en que el Estado ejerce su poder en nombre de la seguridad.
