Este lunes 16 de diciembre se reanudó la audiencia de formulación de cargos en el conocido Caso Triple A, donde se procesan a cinco personas naturales y cinco empresas por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos en Ecuador. El caso, que ha generado gran atención, involucra acusaciones de fraude al Estado, debido a la manipulación de combustibles subsidiados.
La Fiscalía General del Estado presentó cargos contra los siguientes individuos: Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T.. Además, se acusó a las siguientes empresas: Fuelcorp S.A., Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A.. En respuesta, el juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dictó varias medidas cautelares. Las personas naturales implicadas en el caso tienen ahora prohibición de salida del país y deberán realizar presentaciones periódicas cada semana, los lunes y viernes.
Para las personas jurídicas, la medida dictada fue la prohibición de enajenar bienes y acciones, lo que busca asegurar que las empresas no puedan deshacerse de sus activos mientras se resuelve el caso.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas suficientes para proceder con los cargos. Según el fiscal a cargo, el proceso se originó a partir de una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que alertó sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, lo que podría haber perjudicado al Estado ecuatoriano.
El informe indicaba que existían diferencias significativas entre los volúmenes de combustible realmente despachados y los facturados por varias estaciones de servicio y empresas, lo que sugeriría una manipulación fraudulenta de los registros. Además, se descubrió que varias estaciones adquirieron combustible en zonas fronterizas y mineras, lo que lleva a la presunción de que el diésel subsidiado fue desviado hacia otros sectores, en lugar de ser distribuido para su consumo previsto.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que este tipo de delitos puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años, lo que subraya la gravedad de las acusaciones contra los implicados.
Por otro lado, los hermanos Aquiles, Xavier y Antonio Álvarez, quienes son accionistas de Copedesa S.A., no fueron acusados en este proceso, a pesar de haber sido incluidos inicialmente en la causa penal.
Asimismo, cinco candidatos que también se encontraban en el radar de la investigación, no recibieron cargos. Estos incluyen a los siguientes postulantes a la Asamblea Nacional:
- Juan Daniel G., del movimiento RETO.
- José F., del movimiento Centro Democrático.
- César B., del movimiento Centro Democrático.
- Fernando P., del movimiento Centro Democrático.
- Vanessa F., del movimiento Centro Democrático.
El motivo por el cual no se formuló cargos en su contra es que, como candidatos alternos para las elecciones generales de 2025, gozan de inmunidad hasta que se resuelvan los resultados de dichas elecciones.
Este caso ha tenido un gran impacto en el país debido a las implicaciones para el sector de la energía y el manejo de los subsidios gubernamentales, además de la relación de varios de los involucrados con el ámbito político ecuatoriano.
