En una decisión que ha generado debate nacional, la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional encargada del tratamiento de reformas constitucionales ha recomendado avanzar con la modificación del artículo 5 de la Constitución del Ecuador. Este cambio permitiría, por primera vez en décadas, la instalación legal de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una medida que marca un giro en la política de defensa y soberanía del país.
El informe favorable fue aprobado la tarde del martes 29 de abril de 2025 durante una sesión oficial de la Comisión, presidida por la legisladora Gissela Garzón. Participaron también los asambleístas Nataly Morillo, Jorge Peñafiel, Rafael Dávila, Sofía Sánchez y César Ugsha, quienes debatieron los alcances y posibles implicaciones de esta reforma en el marco del segundo debate legislativo.
El artículo 5 actual de la Constitución establece la prohibición expresa de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano, una disposición adoptada con el objetivo de preservar la soberanía nacional. Sin embargo, el contexto actual, marcado por el aumento de la violencia organizada y el narcotráfico transnacional, ha llevado a sectores del Legislativo a considerar que la cooperación militar internacional podría ser clave para combatir las nuevas amenazas.
Aunque el informe no obliga a la Asamblea a adoptar la reforma, sí constituye un paso fundamental dentro del proceso legislativo para una eventual consulta popular. Según los procedimientos constitucionales, cualquier modificación a este tipo de artículos debe ser aprobada mediante votación popular, por lo que, de avanzar, esta propuesta deberá ser sometida a referéndum nacional.
Gissela Garzón, presidenta de la Comisión, afirmó que la decisión fue adoptada tras un análisis técnico y jurídico, y destacó que “la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos sin comprometer la soberanía nacional, pero entendiendo que el país requiere cooperación frente a amenazas transnacionales”.
Organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional han reaccionado con cautela ante la propuesta. Algunos sostienen que la presencia de fuerzas extranjeras podría generar dependencia o injerencia internacional, mientras otros consideran que se trata de una medida pragmática ante la creciente inseguridad que enfrenta el país.
Este debate adquiere especial relevancia en medio del endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa, quien en meses recientes ha promovido reformas estructurales y alianzas internacionales como parte de su estrategia de “mano dura” contra el crimen organizado.
La posible reforma al artículo 5 abre un nuevo capítulo en la política de defensa nacional del Ecuador y plantea un dilema entre la soberanía y la necesidad de cooperación internacional. Los próximos pasos dependerán de la votación en el pleno de la Asamblea y, eventualmente, de la voluntad del electorado en una consulta popular.
