Un juez de flagrancia ordenó la prisión preventiva para seis personas detenidas por su presunta participación en una red de corrupción dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil. La decisión judicial se adoptó tras la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la investigación.
Los procesados fueron arrestados durante los allanamientos simultáneos ejecutados el 22 de octubre en varios puntos de Guayaquil y Daule, que incluyeron intervenciones en oficinas de la ATM, la Unidad Judicial de Florida Norte y varios domicilios particulares.
De acuerdo con el expediente fiscal, los investigados son Gabriela F., asesora legal de la ATM; dos agentes de tránsito, dos exabogados de la entidad y un ciudadano que simulaba ser profesional del derecho. La Fiscalía indaga la supuesta omisión irregular de partes y sentencias judiciales en materia de tránsito, mecanismo con el que presuntamente se habrían evitado órdenes de detención y encarcelamiento de infractores.
Según la hipótesis del Gobierno Nacional, esta red habría mantenido nexos con el grupo delictivo Chone Killers, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas documentales que confirmen ese vínculo.
La Agencia de Tránsito y Movilidad emitió un comunicado tras la detención de sus funcionarios, en el que negó que exista una estructura tolerada o encubierta dentro de la institución. La entidad aseguró que el caso se originó a partir de una alerta interna y procesos disciplinarios iniciados meses atrás, lo que habría permitido detectar las irregularidades.
Por su parte, César Poveda, coordinador legal de la Municipalidad de Guayaquil, rechazó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien vinculó el caso con la banda delictiva mencionada. “El ministro no reveló nombres ni presentó documentos. No existe evidencia procesal alguna que respalde lo dicho”, afirmó el funcionario, quien calificó las declaraciones como infundadas y políticamente motivadas.
La ATM indicó además que trabaja en reformas administrativas internas para separar las áreas de flagrancia y patrocinio judicial, con el fin de reforzar los mecanismos de control y transparencia. Se prevé que dichas modificaciones sean aprobadas durante la sesión de directorio del próximo 10 de noviembre.
Mientras tanto, los seis implicados permanecerán bajo prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal, cuyo objetivo será determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes externas.
El caso ha generado repercusiones políticas y judiciales en Guayaquil, en medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno central y el Municipio, que acusa una “persecución política” detrás del operativo.
