El 13 de febrero de 2025, durante su asamblea ordinaria en la ciudad de Tena, los representantes de las prefecturas de Ecuador decidieron exigir al Gobierno central el pago de una deuda pendiente de 536 millones de dólares. Este monto adeudado corresponde a una serie de compromisos financieros no cumplidos por parte del Ejecutivo, lo cual ha generado una preocupación creciente entre los gobiernos provinciales.
En la reunión, organizada por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), los prefectos manifestaron su preocupación por los efectos que esta deuda está teniendo sobre la capacidad de las prefecturas para llevar a cabo proyectos de infraestructura y otras obras públicas en sus respectivos territorios. La falta de pago, según los prefectos, limita de manera significativa la financiación de obras esenciales que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos en diversas provincias del país.
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) emitió un comunicado oficial a través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), en el que detalló las resoluciones adoptadas durante el encuentro. En el comunicado, se recalca la importancia de que el Gobierno central cumpla con sus obligaciones financieras, no solo por el impacto en la capacidad operativa de las prefecturas, sino también por la necesidad de garantizar el desarrollo y el progreso de las regiones más alejadas del país.
El incumplimiento del pago de la deuda ha generado un clima de incertidumbre en las prefecturas, que dependen en gran medida de estos fondos para la realización de proyectos de infraestructura que van desde la construcción y mantenimiento de carreteras hasta la implementación de servicios básicos como el acceso al agua potable. Las autoridades provinciales han reiterado que la falta de recursos para estas obras podría tener consecuencias graves para las comunidades, especialmente en un contexto de creciente demanda por mejores condiciones de vida y servicios en las provincias más rurales.
En este sentido, la resolución adoptada por los prefectos no solo busca el pago inmediato de la deuda, sino también la creación de un plan de pago a largo plazo que garantice la continuidad de los proyectos en curso y la ejecución de nuevos planes de desarrollo. De acuerdo con los representantes provinciales, es esencial que el Gobierno reconozca la urgencia de esta situación y cumpla con sus compromisos para evitar mayores perjuicios para las poblaciones locales.
