El 13 de febrero de 2025, en el marco del juicio por el caso Purga, el perito designado por la Fiscalía, David Cordero, presentó sus conclusiones tras analizar tres garantías constitucionales que son objeto de investigación en el caso. Durante el sexto día de audiencia, Cordero detalló su informe pericial en el que concluyó que se produjeron abusos del derecho y una desnaturalización de la garantía constitucional del habeas data, en relación con una acción de protección interpuesta por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) y dos habeas data vinculados al exasambleísta Pablo Muentes y su primo Fausto A.
El informe de Cordero analiza tres eventos clave en la investigación, dentro de los cuales se encuentra el abuso de garantías fundamentales en el contexto de una presunta red criminal que operaba dentro del sistema judicial de Guayas. Según las conclusiones del perito, se identificaron violaciones que socavaron los derechos fundamentales de los implicados, quienes enfrentan cargos por formar parte de una organización criminal.
El caso Purga ha dejado al descubierto un entramado de corrupción dentro del sistema judicial de Guayas, que presuntamente fue infiltrado por una red criminal que controlaba decisiones judiciales. En este proceso, se encuentran acusados como principales responsables el exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, el exjuez penal Johann Marfetán y otras diez personas. Todos ellos enfrentan cargos por delincuencia organizada, entre otros delitos graves.
La Fiscalía señala que la red criminal dirigida por los acusados influyó en fallos judiciales y procedimientos legales en la provincia de Guayas, actuando desde el poder judicial para garantizar beneficios ilegales. Los cinco eventos investigados bajo la figura de delincuencia organizada incluyen manipulaciones de sentencias y el uso indebido de los derechos constitucionales de los involucrados.
El juicio sigue su curso, y la Fiscalía continúa presentando evidencia que podría ampliar las acusaciones contra los implicados. En este sentido, la intervención de expertos como David Cordero se ha vuelto crucial para desentrañar los métodos utilizados por la organización criminal para vulnerar los derechos y garantías judiciales. El informe de Cordero subraya que el abuso de poder y la manipulación de procesos judiciales no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que socavan la confianza pública en el sistema de justicia.
