Este sábado 7 de junio, la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos a favor el segundo debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, una normativa urgente diseñada para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno en Ecuador. Esta ley, impulsada por el Ejecutivo, introduce varias disposiciones clave que buscan fortalecer la seguridad y regular aspectos sociales y económicos relevantes.
Uno de los puntos más destacados en esta nueva legislación es la inclusión del indulto con efecto diferido, establecido en el artículo 14. Esta figura legal permitirá que policías y militares que estén enfrentando procesos judiciales relacionados con su actuación en el combate contra el crimen organizado puedan recibir respaldo presidencial. El indulto diferido significa que, aunque el proceso legal continúe, los agentes no podrán ser sometidos a prisión preventiva y, una vez dictada la sentencia, el perdón presidencial anulará las penas.
Además, la Ley de Solidaridad Nacional introduce modificaciones importantes en materia de drogas. A través de la sexta disposición reformatoria, se modifica el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para definir parámetros claros que permitan determinar el uso o consumo personal de sustancias ilícitas. Esta medida busca diferenciar de manera precisa entre el consumo personal y el tráfico, con el fin de mejorar la eficiencia judicial y aplicar sanciones adecuadas.
Otro punto relevante es la creación de sociedades anónimas deportivas, que busca fomentar la formalización y el desarrollo de entidades deportivas bajo un marco corporativo que permita una mejor gestión administrativa y financiera. Esta iniciativa apunta a fortalecer el deporte nacional mediante una estructura jurídica moderna.
Durante el debate, legisladores enfatizaron que la ley responde a la necesidad urgente de dotar al Estado de herramientas legales para enfrentar la violencia y el delito organizado, mientras regula aspectos sociales como el consumo de drogas y el impulso al deporte.
«Esta ley fortalece el combate al crimen, protege a nuestros policías y militares, y abre nuevas oportunidades para la formalización deportiva y el manejo responsable del consumo de drogas», expresó un legislador oficialista.
La aprobación de esta ley representa un avance significativo en la agenda de seguridad y desarrollo social del país, aunque también ha generado debates sobre el alcance y la aplicación de algunas de sus disposiciones.
