En Manabí, un policía activo fue liberado bajo medidas sustitutivas tras ser arrestado el 19 de octubre por conducir un vehículo que tenía un reporte de robo. La detención se llevó a cabo durante un control de operaciones en Manta, donde las Fuerzas Armadas realizaron un chequeo de rutina.
Detalles de la Detención
Durante esta intervención, los uniformados solicitaron la documentación del automóvil que el policía estaba conduciendo. Al presentar los papeles, se descubrió que el vehículo estaba registrado a nombre de otra persona. Aunque el oficial insistió en que el auto era de su propiedad y estaba en proceso de traspaso, no pudo proporcionar pruebas que justificaran la compra, según informó la Fiscalía.
Al profundizar en la investigación, se confirmó que el vehículo tenía un reporte de robo que databa del 5 de agosto, lo que llevó a la aprehensión del policía.
Presentación Judicial
Durante la audiencia, el fiscal expuso diversos documentos, incluyendo el parte policial y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. También se presentaron las versiones tanto del detenido como de los agentes involucrados en el procedimiento. Con base en estas evidencias, el fiscal solicitó prisión preventiva para el agente, argumentando que este contaba con un proceso anterior por delincuencia organizada, con una sentencia de cinco años pendiente de apelación.
A pesar de los argumentos de la Fiscalía, el juez decidió imponer al policía medidas alternativas. Estas incluyen presentaciones periódicas diarias ante la autoridad y una prohibición para salir del país.
Proceso Legal en Curso
El policía está siendo procesado por el delito de receptación, que según el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), puede acarrear penas de seis meses a dos años de prisión. La instrucción fiscal se prolongará por un período de 30 días, durante el cual se continuarán las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso.
Este incidente plantea preocupaciones sobre la integridad de los cuerpos de seguridad y la necesidad de mantener altos estándares de responsabilidad dentro de las instituciones encargadas de la protección pública.
