Este jueves, Pamela Aguirre, asambleísta de Revolución Ciudadana (RC) y presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, protestó contra las acciones de protección interpuestas en su contra por Juan Guarderas Cisneros, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Guarderas está actualmente en proceso de juicio político por presunto incumplimiento de funciones.
Aguirre señaló que, en los últimos días, Guarderas no solo presentó una acción de protección, sino que luego de que el primer juez negara las medidas cautelares solicitadas, presentó una segunda acción con el propósito, según la legisladora, de intimidarla y evitar que cumpla con su obligación legal, por la cual fue elegida por el pueblo ecuatoriano. La presidenta de la Comisión de Fiscalización enfatizó que su deber es atender todas las solicitudes de juicio político en el orden en que se presenten, conforme a lo establecido por la ley.
“Si bien no he sido la responsable de presentar el juicio político contra Guarderas ni he firmado el formulario de apoyo, como presidenta de la comisión, estoy obligada a seguir el proceso legal, que requiere que se tramiten todas las solicitudes en orden”, declaró Aguirre en una rueda de prensa.
La legisladora precisó que, en cumplimiento de esta normativa, la Comisión de Fiscalización procedió a calificar el juicio político contra Guarderas, otorgando a las partes involucradas un plazo de quince días para presentar sus pruebas y garantizar su derecho a la defensa. Aguirre también recordó que los plazos establecidos son perentorios, es decir, no pueden ser modificados, y que la Corte Constitucional, en su sentencia n.° 122-22-JC/23, dejó claro que los jueces constitucionales no tienen la competencia para evaluar la procedencia de un juicio político.
Aguirre subrayó que cualquier intento de interferir en el proceso por parte de Guarderas o de utilizar el sistema judicial con fines intimidatorios representa una «indebida intromisión» en las funciones de la Asamblea Nacional. “La reciente utilización del sistema de justicia para obstaculizar los procesos de fiscalización y presión sobre la Asamblea Nacional es absolutamente inaceptable”, afirmó.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización destacó que su equipo ha trabajado de manera rigurosa, respetando el debido proceso y garantizando los derechos constitucionales de todas las partes implicadas en el juicio político. Reiteró que la Asamblea seguirá adelante con sus procedimientos conforme a lo que marca la ley, sin permitir que acciones como las de Guarderas interfieran en su labor.
Este conflicto refleja las tensiones que se han generado en el seno de la Asamblea Nacional en relación con la fiscalización de los altos funcionarios del CPCCS, un organismo clave en el control social y político del país. La postura firme de Pamela Aguirre subraya el compromiso de la Asamblea con la independencia y la transparencia en sus procedimientos.
