Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, será juzgado por el delito de oferta de tráfico de influencias en enero de 2025. El Tribunal de Juzgamiento, compuesto por los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, convocó a B. A. para los días 16 y 17 de enero en el Complejo Judicial Norte de Quito. El caso se refiere a la investigación que forma parte del denominado «Caso Nene», en el cual también está involucrado Daniel Lenín R. P., asesor de la vicepresidenta, aunque su juicio se suspende debido a que sigue prófugo de la justicia.
El pasado 19 de noviembre, la jueza anticorrupción Karol Zambrano resolvió llamar a juicio a ambos acusados, tras considerar que se habían presentado suficientes elementos de prueba que indicaban la responsabilidad de los procesados. Según la jueza, los hechos serán analizados en el juicio, ya que en la audiencia preparatoria se expusieron pruebas que apuntaban directamente a B. A. y R. P. como autores directos del delito de tráfico de influencias.
El fiscal Leonardo Alarcón presentó su dictamen acusatorio durante la fase de preparación del juicio. En su intervención, Alarcón detalló que la investigación comenzó el 22 de marzo tras una denuncia en el buzón de denuncias de la Fiscalía General, realizada por Romel P., quien había trabajado en la Vicepresidencia de la República. Romel P. alegó que los dos acusados le ofrecieron el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia, pero a cambio exigieron un porcentaje del sueldo mensual de $3.200 que recibiría. Inicialmente, pedían $2.000 mensuales, pero luego se llegó a un acuerdo de $1.500.
Romel P., quien se presenta como víctima en el caso, declaró que no pudo cumplir con el acuerdo de pago porque, antes de poder saldar su deuda y retirar una letra de garantía por $30.600 que supuestamente había firmado con Francisco Sebastián B. A., fue desvinculado del cargo en la Vicepresidencia. Esta situación formó la base de la acusación por el delito de tráfico de influencias.
El Tribunal de Juicio, que juzgará este caso, debe analizar si las pruebas presentadas se ajustan a lo establecido en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la oferta de tráfico de influencias como un delito punible con penas de tres a cinco años de prisión.
Oswaldo Trujillo, abogado defensor de Francisco Sebastián B. A., criticó la decisión de llamar a juicio a su cliente, señalando que existen imprecisiones y contradicciones en los elementos presentados por la Fiscalía. El abogado destacó que, por ejemplo, no hay evidencia que respalde la versión del denunciante sobre la reunión con los acusados, y que la foto de la letra de cambio firmada bajo amenazas no fue hallada en el celular de Romel P., sino que fue entregada en un CD por él mismo.
Trujillo también sugirió que el caso podría estar siendo manipulado por influencias externas, señalando que parece haber un intento de crear la impresión de que existió una oferta de tráfico de influencias. Según el abogado, este llamado a juicio no tiene fundamentos jurídicos, sino que responde a intereses políticos.
El juicio a Francisco Sebastián B. A. y la situación de Daniel Lenín R. P. continuarán siendo temas de gran relevancia en el ámbito político y judicial del país. Mientras tanto, la defensa del hijo de la vicepresidenta sigue trabajando en refutar las acusaciones en su contra, mientras que el caso avanza en los tribunales.
