El caso Purga, uno de los más mediáticos en Ecuador, sigue avanzando en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este 12 de diciembre, el juez Javier de la Cadena resolvió mantener la prisión preventiva de los exjueces Henry T. T., Alberto L. T., y el abogado Andrés Ch. P., al negar las solicitudes de sustitución de la medida cautelar. La decisión se tomó luego de no haberse acreditado hechos nuevos que justifiquen la modificación de las condiciones para los procesados.
Este juicio, que comenzó con la formulación de cargos en 2023, estuvo marcado por un retraso importante debido a la recusación presentada por Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, quien también está procesada en el caso. Después de casi dos semanas, la recusación fue retirada, lo que permitió al juez de la Cadena retomar su competencia y continuar con el proceso.
El caso Purga, que investiga a una red de delincuencia organizada que operaba en el sistema judicial ecuatoriano, comenzó el 4 de marzo de 2023 con un operativo simultáneo en las provincias de Guayas y Pichincha. El operativo resultó en la detención de varios acusados, entre ellos el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, la expresidenta Gallardo, y varios jueces del Guayas. Estos individuos son señalados por su participación en una estructura delictiva dedicada a manipular decisiones judiciales a favor de intereses privados, incluidos vínculos con el narcotráfico.
La Fiscalía sostiene que Muentes, Gallardo y Johann M., exjuez penal del Guayas, fueron los líderes de esta red, encargados de influir en los casos judiciales y generar impunidad a cambio de beneficios económicos. Muentes es señalado como el principal responsable de dirigir la organización, mientras que Gallardo y Johann M. serían los encargados de la planificación de los delitos.
Además de estos tres, la Fiscalía investiga a otros implicados, entre ellos la esposa y el primo de Muentes, Mónica A. y Fausto A., respectivamente, así como a Mercedes V., exdirectora de la Judicatura de Guayas. También están bajo investigación exfuncionarios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Hugo G., expresidente de la Corte del Guayas, y varios exjueces y exasesores legislativos vinculados al caso.
A pesar de los esfuerzos de defensa, los exjueces y otros procesados seguirán en prisión preventiva en los centros de privación de libertad de Cotopaxi y Pichincha, mientras que Andrés Ch. P. continúa prófugo de la justicia. La Fiscalía mantiene su dictamen acusatorio contra 23 de los 25 procesados, con la intención de llevar el caso a juicio.
El proceso está en marcha, pero el tiempo juega en contra de los implicados. Según las normativas, para marzo de 2025, un año después de iniciado el proceso, se debe haber realizado la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En caso de no cumplirse este plazo, podría caducar la prisión preventiva de Gallardo, Muentes y otros 12 acusados. La Fiscalía está trabajando para evitar este escenario y llevar a cabo la audiencia de juzgamiento a la mayor brevedad posible.
Este caso sigue siendo uno de los más complejos y polémicos del sistema judicial ecuatoriano, pues pone en evidencia cómo los nexos entre políticos, funcionarios judiciales y grupos criminales pueden socavar la justicia. Mientras tanto, el avance del juicio promete nuevas revelaciones sobre la corrupción en el sistema judicial del país.
