El juez anticorrupción Jairo García decidió posponer para el viernes 14 de marzo de 2025 a las 07:45 la audiencia de vinculación en el caso Triple A. La razón del aplazamiento fue una solicitud de diferimiento presentada por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien presentó una excusa médica que justificaba su imposibilidad de asistir a la audiencia en la fecha previamente establecida.
El caso Triple A y las acusaciones
El caso Triple A está relacionado con una serie de presuntos delitos en el ámbito de la comercialización ilegal de productos derivados de petróleo, específicamente almacenamiento, transporte, envasado, y distribución ilegal de estos productos. La acusación se basa en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que estipula penas privativas de libertad dependiendo de la magnitud del delito:
- Escala mínima: De 2 a 6 meses de prisión.
- Escala media: De 6 meses a 1 año de prisión.
- Escala alta: De 1 a 3 años de prisión.
- Escala grande: De 3 a 5 años de prisión.
Además, si una persona jurídica estuviera involucrada, como en este caso, la empresa sería clausurada durante un periodo equivalente al tiempo de prisión de las personas naturales, e incluso los socios y accionistas de la empresa enfrentarían inhabilitación.
Aplazamiento y excusa médica
La solicitud de diferimiento fue presentada por Geovanny Vásquez, abogado de Álvarez, quien asumió la defensa del alcalde tras la renuncia de Emilio Santacruz, quien abandonó el caso tras recibir amenazas contra su integridad. El abogado presentó una excusa médica para el abogado defensor, que indicaba que debía guardar reposo hasta el 12 de marzo debido a un diagnóstico médico. El juez Jairo García aceptó el aplazamiento, pero dejó claro que no se aceptarían más solicitudes de diferimiento.
Reacciones y peticiones de los demás procesados
El aplazamiento también contó con el respaldo de los abogados de los demás procesados, quienes pidieron más tiempo para analizar los 165 folios del expediente y poder preparar una defensa adecuada para sus clientes. Además, solicitaron que la audiencia fuera presencial, petición que fue aceptada por el juez.
Por otro lado, el fiscal del caso, Carlos Alarcón, y la abogada de Petroecuador, no se opusieron a la decisión del juez y estuvieron de acuerdo con la nueva fecha. Sin embargo, el abogado de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Leonardo Cofre, criticó la solicitud de la defensa de Álvarez, calificándola como una «artimaña» para retrasar el proceso. Cofre expresó su esperanza de que la audiencia se llevara a cabo esa misma semana.
Investigación y personas involucradas
La investigación sobre el caso Triple A comenzó en julio de 2024, y en diciembre del mismo año, se inició una instrucción fiscal que durará 90 días. Durante este periodo, los implicados no pueden salir del país y deben presentarse dos veces por semana ante las autoridades. Además, las empresas involucradas en el caso, como Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel, tienen prohibido vender o transferir sus bienes y acciones.
En febrero de 2025, la Fiscalía General solicitó la vinculación de Álvarez y otras nueve personas al caso, tras el allanamiento a estaciones de servicio en varias provincias del sur del país, como Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. La investigación se centra en la posible discrepancia entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el volumen facturado por diversas estaciones de servicio, lo que podría indicar la existencia de fraude en la comercialización del producto.
