Nueva Zelanda plantea prohibir redes sociales a menores de 16 años para frenar exposición a contenidos perjudiciales
El gobierno de Nueva Zelanda presentó una propuesta que podría marcar un precedente global en la regulación del uso de redes sociales: impedir el acceso a estas plataformas a menores de 16 años. La medida surge en medio de un creciente debate internacional sobre la seguridad infantil en línea y la necesidad de proteger a niños y adolescentes de contenidos considerados violentos, perturbadores o nocivos para su salud mental.
La propuesta fue dada a conocer el martes por autoridades del país oceánico, quienes argumentaron que la exposición temprana a redes sociales puede tener impactos negativos en el bienestar emocional y psicológico de los menores. Esta iniciativa plantea no solo restricciones de edad, sino también una mayor fiscalización de las plataformas tecnológicas, instándolas a reforzar sus controles de acceso y verificación de edad.
“Estamos viendo cómo niños cada vez más jóvenes se enfrentan a imágenes perturbadoras, ciberacoso y contenido que simplemente no está diseñado para su desarrollo”, afirmó un portavoz del gobierno neozelandés. El funcionario subrayó que si bien las redes sociales pueden ser herramientas útiles de comunicación, su uso indiscriminado puede representar riesgos graves para la infancia y adolescencia.
A nivel mundial, reguladores, legisladores y organizaciones sociales han intensificado la discusión sobre cómo mitigar los efectos adversos del uso excesivo de redes sociales entre menores. Países como Francia, Estados Unidos y Australia han comenzado a evaluar legislaciones similares, enfocadas en establecer edades mínimas de uso, limitar algoritmos de recomendación y exigir mayor transparencia a las empresas tecnológicas.
Un estudio reciente de la Universidad de Auckland reveló que el 68 % de los menores de 15 años en Nueva Zelanda acceden regularmente a redes sociales, siendo TikTok, Instagram y Snapchat las más populares. De ese grupo, al menos un tercio ha reportado haber sido testigo de contenido violento o que incita al odio.
Si se aprueba, la propuesta neozelandesa requeriría cambios en la legislación sobre protección infantil en entornos digitales y podría obligar a las plataformas a implementar sistemas más estrictos de verificación de edad. Grupos defensores de los derechos digitales y asociaciones de padres han reaccionado de forma dividida: algunos celebran la iniciativa como un paso necesario, mientras otros advierten sobre el desafío de aplicarla sin invadir la privacidad de las familias.
Nueva Zelanda ya cuenta con antecedentes en materia de regulación digital. En 2019, fue uno de los primeros países en tomar acciones tras la difusión masiva en redes sociales del atentado terrorista en Christchurch, lo que impulsó una revisión global sobre la moderación de contenido extremo.
