La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no acudió el 19 de noviembre a la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la resolución del sumario administrativo que determinó la suspensión de Verónica Abad, vicepresidenta de la República, por 150 días. La ausencia de la ministra fue justificada por un documento enviado minutos antes de la instalación de la sesión, en el que explicó que no podría asistir debido a la solicitud de la Asamblea de que se presente una acción de interpretación ante la Corte Constitucional.
Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, había confirmado previamente la presencia de Núñez, quien incluso había enviado una lista de las personas que la acompañarían. Sin embargo, la funcionaria presentó su excusa basándose en que la Asamblea había incluido en su convocatoria un acuerdo adoptado el 13 de noviembre, que pedía que la Coordinación de Asesoría Jurídica llevara ante la Corte una acción de interpretación de ciertos artículos de la Constitución.
Argumentos de la Ministra
En su excusa, la ministra Núñez indicó que no podía adelantar opiniones ni pronunciarse sobre el asunto hasta que la Corte Constitucional emita su resolución. En su comunicado, aclaró que los detalles del sumario administrativo ya estaban tratados en el documento pertinente y que, de ser necesario, los desarrollaría en el momento adecuado.
Por su parte, la presidenta Veloz enfatizó que Núñez está obligada a comparecer ante el Legislativo, ya que la función política del control sobre el Ejecutivo es parte de las competencias de la Asamblea Nacional. Veloz subrayó que esta obligación no es opcional y que la excusa presentada por la ministra refleja una actitud preocupante en cuanto al respeto a las normas constitucionales. Además, confirmó que la Asamblea volverá a convocar a la ministra para una nueva comparecencia, ya que la solicitud de su presencia fue aprobada por el pleno.
Controversia sobre el Sumario Administrativo
La presidenta del Legislativo también criticó el sumario administrativo que se abrió en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, calificándolo de ilegal e inconstitucional. Según Veloz, esta resolución pone en riesgo la estabilidad de las autoridades elegidas por votación popular y constituye un acto que no solo afecta a la vicepresidencia, sino que también podría tener repercusiones a nivel de otras instituciones del Estado.
Por otro lado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el 18 de noviembre, aprobó el inicio de un proceso de juicio político contra la ministra Ivonne Núñez. El proceso está actualmente en fase de validación, y la Unidad Técnica Legislativa tiene tres días para emitir un informe sobre los requisitos para calificar la solicitud.
Defensa de ADN
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), a través de su coordinadora Valentina Centeno, expresó su desacuerdo con la presentación de un juicio político en contra de la ministra Núñez. Centeno consideró que el juicio político impulsado por la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano carece de fundamento, dado que la Asamblea había previamente acordado esperar la resolución de la Corte Constitucional sobre la actuación de Núñez en relación con el sumario administrativo.
Centeno reiteró que ADN defenderá a la ministra Ivonne Núñez en todas las instancias posibles, subrayando que su actuar fue conforme a la ley. Según la legisladora, el juicio político carece de sustancia legal y es un intento incoherente de cuestionar una decisión que, a su juicio, está respaldada por el marco constitucional.
