Quito, Ecuador – La cuenta regresiva ha comenzado en uno de los casos más sonados que sacuden la justicia ecuatoriana. Este jueves, 12 de junio de 2025, el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, conocido mediáticamente como alias ‘Diablo’, y la exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, Anabell de Jesús T. C., conocerán la decisión del conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Édison Cantos. La pregunta que pende sobre ellos es si serán o no llamados a juicio por el delito de asociación ilícita dentro del polémico caso ‘Pantalla’.
La expectación es alta, ya que esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se reinstalará catorce días después de su suspensión. Durante este tiempo, el conjuez nacional ha estado deliberando su determinación sobre los dos procesados. Ambos son acusados de una grave trama: haber ejercido influencias sobre funcionarios jerárquicamente inferiores en el Consejo de la Judicatura. ¿El objetivo? Obtener información privilegiada para beneficiar a determinados postulantes en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la Corte Nacional de Justicia, un proceso crucial que se inició en junio de 2023.
El caso ‘Pantalla’ involucra una investigación sobre la presunta manipulación de un proceso tan delicado como la selección de los más altos magistrados del país. La Fiscalía ha estado indagando la participación de seis personas en total, quienes, según la acusación, intervinieron para asegurar que ciertos postulantes obtuvieran ventajas ilícitas en el concurso. Esto no solo socava la meritocracia y la independencia judicial, sino que también atenta directamente contra la credibilidad del sistema de justicia en Ecuador.
La figura de Wilman Terán, alias ‘Diablo’, ha estado en el centro de varios escándalos judiciales en los últimos meses. Su presidencia en el Consejo de la Judicatura fue breve y tumultuosa, marcada por acusaciones de corrupción y presuntas injerencias políticas. Ahora, con este nuevo capítulo en el caso ‘Pantalla’, se profundiza la investigación sobre su rol en una supuesta red que buscaba controlar la designación de jueces.
Si el conjuez Édison Cantos decide llamar a juicio a Terán y Anabell T. C., el caso avanzará a la fase de juicio oral, donde se presentarán todas las pruebas y testimonios ante un tribunal para determinar su culpabilidad o inocencia. Por el contrario, si la decisión es no llamarlos a juicio, el proceso se archivaría para ellos, aunque la investigación podría continuar para otros implicados o por otras aristas.
Este caso es de vital importancia para la transparencia judicial en Ecuador. La designación de jueces debe ser un proceso intachable, basado en la capacidad y la ética de los profesionales del derecho. Cualquier indicio de manipulación o corrupción en este ámbito erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema y debilita el Estado de derecho. La decisión de este jueves será un termómetro de la firmeza de la justicia ecuatoriana para depurar sus propias filas y garantizar la probidad en la función judicial.
