El 26 de diciembre de 2024, el Ministerio del Trabajo, dirigido por la abogada Ivonne Núñez, emitió disculpas públicas a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, luego de la sentencia emitida por la jueza Nubia Vera el 23 de diciembre. Esta sentencia dejó sin efecto la sanción que el Ministerio del Trabajo había impuesto a Abad, una suspensión de 150 días sin remuneración, por presuntamente no haberse presentado a su puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La disculpa pública es parte de la reparación dictada por la jueza Vera, quien anuló la sanción administrativa aplicada a la vicepresidenta. La sentencia reconoce que la sanción infringió varios derechos constitucionales de Abad, entre ellos el derecho a un juicio justo, la seguridad jurídica, el debido proceso y la aplicación de normas conforme a la Constitución. En su resolución, Vera indicó que se vulneraron garantías básicas en el procedimiento y que hubo actuaciones contrarias a los principios legales.
En el texto de las disculpas, emitido por el Ministerio del Trabajo, se resalta que la decisión de la jueza otorgó a Verónica Abad el derecho a ser funcionaria pública bajo la Ley Orgánica de Servicio Exterior, y no bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), como inicialmente se había establecido. Este cambio fue clave para la anulación de la sanción que había sido dictada a la vicepresidenta por no cumplir con las disposiciones laborales.
El Ministerio del Trabajo también se vio obligado a dejar sin efecto la resolución administrativa que había firmado la funcionaria Ruth Espinoza, responsable del sumario administrativo que sancionó a Abad. A raíz de la sentencia, se ordenó que Ivonne Núñez, titular de la cartera de Estado, emita un mensaje de disculpas públicas en un plazo de 72 horas, el cual debe ser difundido a través de la página web del Ministerio y ser enviado por escrito a la vicepresidenta.
Esta disculpa pública, junto con la anulación de la sanción, marca un importante precedente en la protección de los derechos laborales de los funcionarios públicos, así como en la correcta aplicación de las normativas que rigen la administración pública. El caso pone en evidencia la importancia de respetar los derechos fundamentales, especialmente cuando involucra a figuras clave del gobierno, y subraya la necesidad de transparencia y justicia en los procesos administrativos.
