Quito, Ecuador – Un paso crucial se ha dado en la lucha contra la crisis de seguridad en Ecuador: la Asamblea Nacional ha remitido al Ejecutivo el proyecto económico urgente de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Este paquete legislativo, compuesto por 18 artículos y 20 disposiciones entre generales, transitorias, derogatorias y final, se encuentra ahora en manos del presidente Daniel Noboa para su sanción, lo que marca un hito en la estrategia estatal contra el crimen organizado.
La remisión oficial a Carondelet se concretó este 9 de junio, iniciando así un plazo de 30 días para que el presidente se pronuncie sobre el contenido de la ley. Sin embargo, la celeridad en la promulgación parece ser la tónica. Valentina Centeno, coordinadora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), ya adelantó que el primer mandatario enviará el texto «de inmediato» a publicación en el Registro Oficial. Esta premura subraya la urgencia que el Gobierno le otorga a la entrada en vigencia de esta normativa.
La Ley de Solidaridad Nacional es una pieza fundamental en la estrategia de Noboa para enfrentar el conflicto armado interno y sus devastadoras consecuencias. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentran:
- Medidas de protección, prevención y reparación a personas vulnerables en zonas que han sido severamente afectadas por la violencia del crimen organizado. Esto busca brindar un soporte a las comunidades que han sido directamente impactadas por la acción de los grupos delictivos.
- El incremento de penas para el tráfico de combustibles, un delito que a menudo está vinculado al financiamiento de las bandas criminales y que es crucial para desarticular sus redes logísticas.
- Adecuaciones al régimen de rehabilitación social, con el objetivo de fortalecer el control y la gestión de los centros penitenciarios, considerados puntos clave de operación para el crimen organizado.
- Y uno de los puntos más debatidos y relevantes: un indulto diferido que busca proteger a los efectivos policiales y militares de ser sujetos de prisión preventiva. Esta medida pretende dar respaldo legal a las fuerzas del orden en el cumplimiento de su deber durante el conflicto, evitando que su accionar en combate a la delincuencia se traduzca en procesos judiciales que los dejen desamparados.
La aprobación y pronta sanción de esta ley son esenciales para el Gobierno, que la considera una herramienta vital para fortalecer el marco legal en su lucha frontal contra las organizaciones terroristas. Las diferentes bancadas legislativas lograron un consenso, aunque no exento de debates internos, para sacar adelante este proyecto en un tiempo récord, dada su calificación de «económico urgente».
La expectativa ahora se centra en la publicación del texto en el Registro Oficial, momento a partir del cual la Ley de Solidaridad Nacional entrará plenamente en vigor, permitiendo al Estado aplicar sus nuevas disposiciones para reforzar la seguridad, proteger a la ciudadanía y combatir de manera más efectiva al crimen organizado.
