Un total de 31 funcionarios y exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) están siendo investigados por su presunta participación en el archivo irregular de 202 expedientes disciplinarios en la provincia de Guayas. Esta medida se tomó después de una exhaustiva revisión de los procedimientos llevados a cabo entre 2020 y 2024, lo que ha puesto en evidencia serias irregularidades en el manejo de los casos dentro de la Función Judicial.
El 18 de marzo de 2025, el pleno del Consejo de la Judicatura decidió mantener bajo investigación a los implicados, quienes podrían enfrentar procesos administrativos debido a su posible responsabilidad en la archivación indebida de los casos. La situación fue revelada tras una revisión exhaustiva de los procesos archivados que, según las autoridades, no habrían cumplido con los procedimientos administrativos y disciplinarios establecidos por la ley.
Investigación sobre los expedientes archivados en Guayas
La revisión de los expedientes comenzó a finales de febrero de 2025, cuando el Consejo de la Judicatura indicó que, de un total de 480 expedientes revisados en la provincia de Guayas, al menos 230 mostraron irregularidades. Estas inconsistencias se referían a casos que fueron archivados sin seguir los protocolos establecidos, lo que implicó la violación de los procedimientos administrativos-disciplinarios.
A medida que avanzaba la investigación, la cifra de expedientes con irregularidades se redujo a 202 casos, pero la gravedad de la situación no disminuyó. Desde el Consejo de la Judicatura se precisó que las anomalías fueron detectadas no solo en los expedientes, sino también en el accionar de los funcionarios encargados de su manejo.
Identificación de los responsables
La investigación señaló a un total de 31 personas involucradas en estos hechos, de las cuales 23 fueron las responsables de sustanciar y resolver los expedientes archivados entre los años 2020 y 2024. Además, ocho personas que ocuparon puestos clave en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas durante el mismo periodo también están siendo investigadas por su posible implicación en la irregular gestión de los casos.
Este proceso no solo involucra a funcionarios de nivel medio, sino también a altos responsables administrativos que tuvieron acceso directo a la gestión de los expedientes disciplinarios. La situación ha levantado serias dudas sobre la eficiencia y la transparencia del sistema judicial en la provincia.
Impacto de las irregularidades en la administración de justicia
El archivo indebido de expedientes disciplinarios no es solo un problema administrativo, sino que tiene serias repercusiones sobre la credibilidad y eficacia del sistema de justicia en Ecuador. Los expedientes disciplinarios son fundamentales para garantizar que los funcionarios judiciales actúen conforme a la ley y la ética, y cualquier irregularidad en su manejo pone en riesgo la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La Judicatura aclaró que, si bien se identificaron irregularidades en el proceso de archivo, las investigaciones continúan para determinar si hubo negligencia, omisión o incluso complicidad por parte de los involucrados. Los funcionarios implicados podrían enfrentarse a sanciones que van desde advertencias hasta suspensión o destitución, dependiendo de la gravedad de su implicación.
Próximos pasos y repercusiones
Este escándalo llega en un momento delicado para el sistema judicial de Ecuador, ya que pone en evidencia posibles fallas en los mecanismos de supervisión y control dentro del Consejo de la Judicatura. Las autoridades han expresado su compromiso de llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, con el objetivo de depurar las instituciones del Estado y asegurar que los procesos judiciales se conduzcan de manera transparente y conforme a la ley.
El Consejo de la Judicatura también ha señalado que, además de las investigaciones internas, se revisarán los procedimientos de control en otras provincias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. A medida que se esclarezcan los hechos, la ciudadanía espera que se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza en el sistema judicial ecuatoriano.
