Quito, Ecuador – El intento de enjuiciar políticamente al ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, ha encontrado un obstáculo insalvable en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Con seis votos a favor del oficialismo, la Comisión decidió no calificar el pedido de juicio político, archivando así la solicitud presentada por el asambleísta Héctor Valladares, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).
La acusación principal contra el ministro Loffredo se centraba en un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector Las Malvinas, en Guayaquil. Este caso ha generado gran conmoción pública y ha puesto en el ojo del huracán la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco del conflicto armado interno que vive el país.
El asambleísta Héctor Valladares se presentó ante la Comisión de Fiscalización para fundamentar su petición, argumentando que el pedido de juicio cumplía con todos los requisitos formales y, por lo tanto, debería haber seguido su curso. Valladares explicó que su solicitud se basaba en tres causales principales:
- La desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas: Esta causal es la más grave y se refiere a la presunta implicación de las fuerzas de seguridad en un hecho que ha generado profundo dolor y reclamo por parte de las familias y organizaciones de derechos humanos.
- Inasistencia a comparecer ante la Asamblea: La segunda causal señalaba la ausencia del ministro Loffredo a una convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional en el periodo legislativo anterior para rendir cuentas sobre el caso de Las Malvinas. La falta de comparecencia de funcionarios públicos ante el legislativo es un punto recurrente en los pedidos de juicio político.
- Impedimento de ingreso de la exvicepresidenta Verónica Abad: La tercera causal hacía referencia al hecho de que las fuerzas militares supuestamente impidieron que la exvicepresidenta Verónica Abad pudiera ingresar a ejercer su cargo en su despacho, a pesar de una sentencia judicial que le era favorable. Este punto introduce un elemento político de fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entre diferentes facciones políticas.
A pesar de los argumentos de Valladares, la mayoría de la Comisión de Fiscalización, conformada por legisladores afines al oficialismo, consideró que la solicitud no cumplía con los requisitos para su calificación. Esta decisión implica que el proceso de juicio político contra Gian Carlo Loffredo no avanzará, al menos por este pedido, blindando al ministro de una potencial destitución.
La no calificación de este juicio político es un revés para la bancada de la Revolución Ciudadana y para los sectores que exigían responsabilidades al ministro de Defensa. Sin embargo, en el contexto de la alta polarización política en la Asamblea y el estado de excepción por conflicto armado, este tipo de resultados no son inusuales, donde las alianzas y la correlación de fuerzas dentro del parlamento suelen determinar el destino de las solicitudes de fiscalización.
